La policía desarticuló el año pasado 71 redes de inmigración ilegal

Las fuerzas de seguridad del Estado desarticularon el año pasado en Cataluña 71 redes que se lucraban con los inmigrantes en situación ilegal a través de la falsificación de documentos, la prostitución, la explotación laboral y el secuestro y la extorsión. En esas operaciones fueron detenidas 272 personas y se comprobó que los perjudicadas por la actuación de las bandas superaron las 300 personas. 40 de ellas regularizaron su situación al colaborar con la policía.

La Delegación del Gobierno en Cataluña distribuyó ayer esos datos, en los que se refleja un aumento considerable respecto al año 2001, cuando fueron desarticuladas 52 bandas y detenidas 246 personas. Julia García-Valdecasas explicó ayer que uno de los objetivos de su actuación es la persecución de estos grupos.

El mayor número de redes (25) desarticuladas por la policía y la Guardia Civil fueron las relacionadas con la explotación sexual, de la que fueron víctimas 120 mujeres extranjeras. Todas respondían a un mismo perfil: entre 18 y 30 años, con bajo nivel cultural, que no ejercían la prostitución en sus países de origen y que necesitaban dinero para pagar supuestas deudas contraídas con las mafias que las explotaban.

Otra de las actuaciones más frecuentes de estas bandas es la falsificación de documentos que permiten la entrada o la estancia en España de ciudadanos extranjeros: visados, pasaportes, permisos de trabajo o de residencia. En este capítulo fueron detenidas 101 personas y desarticuladas 24 redes. La actuación policial coordinada con la Inspección de Trabajo permitió también el desmantelamiento de otras 19 redes y la detención de 77 personas que explotaban a los trabajadores sin las mínimas garantías laborales. En algunos casos se llegó incluiso a la agresión física, y dos personas hasta fueron asesinadas en Tarragona por rebelarse contra la extorsión que sufrían.

En esa relación de actuaciones, la Delegación del Gobierno asegura que también se desarticularon tres redes de ciudadanos chinos, las llamadas triadas. Bajo la apariencia de negocios legales se ocultan mafias que cobran entre 1.800 y 3.000 euros a cambio de proteger los locales. Si no se abonan esas cantidades, ocurre que los locales sufren daños materiales o atracos.

Observatorio jurídico

Se constituyó ayer en Barcelona el Observatorio Jurídico Permanente sobre Fenómenos Migratorios, impulsado por el Colegio de Abogados de Barcelona y del que forman parte letrados de países de la Europa mediterránea.

El observatorio pretende ser una entidad de consulta y de difusión de los factores que motivan la inmigración y aportar reflexiones para mejorar la situación de los inmigrantes en esa zona. Mercedes Martínez, coordinadora de extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona, aseguró ayer que el observatorio se ha marcado como objetivo "la defensa de los derechos fundamentales de los extranjeros con todos los instrumentos jurídicos válidos", el control jurídico de las condiciones de vida en los centros de internamiento y convertirse en un punto de referencia para influir en las reformas de las leyes de extranjería que se impulsen en los países de la Unión Europea.