El Gobierno estudia la eliminación de la tarjeta de residencia para ciudadanos no comunitarios

El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un Real Decreto para regular la entrada y permanencia en España de ciudadanos de países miembros de la UE y del espacio económico común, además de Suiza. La normativa, que entrará en vigor antes de las próximas elecciones municipales y cuya característica más importante es la eliminación de la tarjeta de residencia, beneficiará a más de 300.000 residentes extranjeros. Éstos podrán ejercer su derecho al voto presentando el documento de identidad expedido por las autoridades de sus países de procedencia, previa inscripción en el padrón municipal.

Los objetivos de esta iniciativa son, según el delegado del Gobierno para Extranjería e Inmigración, Ignacio González, "impulsar la libre circulación de las personas en territorio común; hacer más tangible el sentido de pertenencia a la ciudadanía europea y simplificar los requerimientos para el ejercicio del derecho de entrada, permanencia y trabajo".

Los beneficiarios de esta medida serán todos los trabajadores activos, los residentes que tengan derecho de permanencia, los estudiantes y los familiares de todos ellos que sean también nacionales de estados de la UE. Quedarán fuera de la directiva los jubilados que no hayan trabajado en España. Para éstos se mantendrá la tarjeta de residencia, aunque se simplificarán los trámites para su obtención.

González explicó también que a partir de su entrada en vigor los residentes extranjeros afectados por la directiva "no tendrán que hacer ningún trámite administrativo". "Será suficiente con sus documentos acreditativos de identidad expedidos por las autoridades competentes de sus países de procedencia", señaló el delegado del Gobierno para la Extranjería, que indicó que la normativa "facilitará la realización de trámites tan usuales como la compra de inmuebles, obtención del carnet de conducir, transferencias de vehículos, facturaciones comerciales, créditos hipotecarios y demás actividades mercantiles".

La propuesta, con la que nuestro país se adelanta al resto de los países de la UE, tiene su origen en la Declaración de Marsella, que suscribieron en julio de 2000, durante la presidencia francesa, Francia, Italia, Alemania y España. Este acuerdo incluía la adopción de medidas para reforzar el derecho a la libre circulación, fomentar la conciencia de una ciudadanía europea común e iniciativas tendentes a simplificar los requerimientos que se exigían a nacionales de países de la Unión Europea para entrar, residir y trabajar en estos territorios comunes.

"Se trata de una iniciativa especialmente interesante para los nacionales de aquellos países en los que se sigue exigiendo la tarjeta de residencia para ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales, como es el caso de los noruegos, cuya comunidad alcanza los 10.000 personas en nuestro país", apuntó González, que presentó en Marbella la nueva normativa que está elaborando el Gobierno.