El Gobierno central reanuda los contactos con el Ejecutivo vasco tras cinco meses de bloqueo

El Gobierno central ha decidido reanudar las relaciones con el Ejecutivo vasco, congeladas desde septiembre, y presentar una nueva oferta de traspasos cuyo eje fundamental serán las políticas activas de empleo. El ministro de Administraciones públicas, Javier Arenas, anunció ayer que en los próximos días enviará una carta a la vicepresidenta, Idoia Zenarruzabeitia, en la que propondrá una fórmula de traspaso de las políticas activas de empleo -similar a la empleada en Navarra-, por la que se financiarán por vía presupuestaria y por reducción del Cupo. Su coste es de 250 millones de euros (40.000 millones de pesetas).

El Gobierno central quiere hacer coincidir su oferta al Ejecutivo vasco con la que realizará a la Junta de Andalucía, la única pendiente -junto con Euskadi-, de culminar el traspaso de las políticas activas de empleo, ya transferidas a todas las restantes comunidades autónomas. Con ello, cerrará cinco meses de total ausencia de diálogo institucional entre los Gobiernos central y vasco.

Tras un carteo entre ambos Ejecutivos durante los meses de julio y agosto, reabierto tras la remodelación de su Gabinete que José María Aznar realizó a primeros de julio, el Gobierno vasco envió el pasado mes de septiembre un texto de 16 folios al Ejecutivo central con sus propuestas de traspaso. No obtuvo respuesta.

El entorno de Arenas justificó su silencio por la situación de confrontación política con los nacionalistas vascos provocada por la iniciación, en septiembre, del proceso de ilegalización de Batasuna. Ese mes se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Partidos Políticos y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón suspendió la actividad como partido del brazo político de ETA.

La propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas sobre el traspaso al País Vasco de las políticas activas de empleo,que prepara el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, va a seguir las pautas de la transferencia realizada a la Comunidad Foral de Navarra. El traspaso afecta a 30 oficinas y a 600 funcionarios, y su coste asciende a 250 millones de euros.

La pretensión del Gobierno central es, tal y como ya hizo con Navarra, que los gastos fijos del traspaso -personal y oficinas- se deduzcan del Cupo o cantidad a pagar por el Ejecutivo vasco al Estado por las competencias no transferidas. En cuanto a la financiación de los programas de empleo, correrá cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

La nueva iniciativa de Arenas coincide también con la presentación por el PSOE en el Congreso, la pasada semana, de una proposición no de ley en la que reclama a los Gobiernos central y vasco la reapertura de conversaciones para traspasar las políticas activas de empleo, exigidas insistentemente por la patronal vasca (Confebask) y los sindicatos, dada su importancia social.

"Tufo electoralista"

El autor de la proposición no de ley, Ramón Jáuregui, ex vicepresidente del Gobierno vasco y ex consejero de Trabajo, apremiaba al Ejecutivo central a que reanudara las conversaciones y reclamaba al Gobierno de Vitoria que aceptara el traspaso, dejando a salvo la "posible reserva de sus posiciones doctrinales". El Gobierno vasco (integrado por los nacionalistas PNV y EA y por IU) ha venido reclamando, junto a las políticas activas de empleo, las pasivas, que el Ejecutivo central no está dispuesto a ceder por considerar que su gestión autónoma no tiene anclaje constitucional ni estatutario.

La iniciativa de Arenas ha sido acogida con malestar y reticencias por el Gobierno de Juan José Ibarretxe, al estimar que tiene un "tufo electoralista". Fuentes del Gobierno vasco argumentan que su última oferta, enviada por carta, se materializó hace cinco meses sin que el Ejecutivo central la respondiera.

También aluden a las sucesivas cartas enviadas y recuerdan que el último encuentro celebrado con el Ministerio de Administraciones Públicas para abordar los traspasos pendientes -cuando todavía era titular del departamento Jesús Posada-, se celebró hace dos años, en abril de 2001, "sin que el Gobierno central mostrara interés alguno entonces en desbloquear la situación".

En los tres años transcurridos de la presente legislatura, con el Ejecutivo apoyado por la mayoría absoluta con que cuenta el PP, el Gobierno vasco ha reclamado como prioritarios ocho traspasos de la treintena que exige para cumplir lo establecido en el Estatuto de Gernika.

Además de la ejecución de la legislación estatal en el ámbito del trabajo,empleo y formación, que es el principal traspaso del bloque, también figuran en la relación la administración penitenciaria, la investigación científica y técnica, parte de las autopistas en régimen de concesión, los servicios privados de seguridad, las elecciones municipales, la inspección de trabajo y seguridad social y los ferrocarriles.