Cuatro detenidos en uno de los últimos desalojos en La Punta

Cuatro personas fueron detenidas ayer a las 11.00 en la pedanía de La Punta, en Valencia, por oponerse al derribo de una casa. La policía trasladó a cuatro jóvenes a las dependencias de la Jefatura Superior por carecer de identificación. Dos horas después fueron puestas en libertad, después de que las máquinas derribaran la vivienda de la presidenta de la asociación de vecinos, orden sobre la que había dos autos judiciales contradictorios.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a cuatro personas en La Punta porque "obstaculizaban un derribo" y "no estaban identificados". Los cuatro detenidos fueron conducidos sobre las 11.30 a la Jefatura Superior de Policía, donde se procedió a su identificación, y posteriormente, alrededor de las 13.00, fueron puestos en libertad.

Los incidentes se iniciaron a las 9.00 cuando las máquinas se presentaron en La Punta para proceder al derribo de una vivienda, la que ocupaba Carmen González, presidenta de la asociación de vecinos La Unificadora. Ante la presencia de los operarios y de los agentes de policía, Carmen González, acompañada de su abogado, exhibió a los agentes dos autos, uno del juzgado de lo contencioso número seis de Valencia en el que se denegaba la actuación del derribo y otro del juzgado de lo contencioso número tres en el que se autorizaba el mismo.

Según Pedro Vila, abogado de los vecinos, la policía tuvo que decidir a qué auto se acogía. Al parecer, según Vila, la policía consultó con sus superiores, así como la titular del juzgado número tres, la que dictó el auto que autorizaba el derribo, para después, sobre las 11.30, decidir la intervención. Vila afirmó que la decisión fue "completamente aleatoria, el funcionario policial aseguró que asumía todas las responsabilidades que se pudieran derivar de su decisión, y escogió ese auto como podía haber escogido el otro, existe una contradicción entre los dos documentos pero ninguno prevalece sobre otro". El letrado afirmó que la decisión judicial plantea un problema de fondo por la contradicción que no podía resolverse en el momento de la ejecución. Las máquinas procedieron a ejecutar el derribo al mediodía, sin permitir que Carmen González -que ha decidido querellarse contra la sociedad estatal Sepes por presentar supuestamente datos falsos para lograr el desalojo después de que otro juzgado lo negara- y su familia entraran a la vivienda a sacar sus enseres. "Bajo los escombros han quedado el acuario, las camas, los libros., los muebles....todo. Normalmente, dejaban que sacaras tus cosas, esta vez ni siquiera eso", dijo Vila. El letrado afirmó que el especialista penal del equipo de letrados de los vecinos de La Punta estudiará la viabilidad de actuar contra el agente de policía que asumió las responsabilidades de la actuación de ayer por si se deriva de ella alguna responsabilidad.