De la Torre firma un plan de viviendas sin contar con la Junta, que aporta el 60%

El largo contencioso entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta conoció ayer un nuevo capítulo a propósito de los planes de rehabilitación de viviendas. El alcalde, Francisco de la Torre (PP), dio a conocer un acuerdo que ha suscrito con 61 comunidades de vecinos de otros tantos bloques de la barriada de Palma-Palmilla para la rehabilitación de las viviendas, y para cuya firma no ha contado con la Junta de Andalucía, a la que simplemente ha invitado a adherirse, pese a que a ésta le corresponde la mayor responsabilidad en la financiación del plan, un 60% -30% de sus propios fondos y 30% de los que gestiona la Consejería de Obras Públicas procedentes del ministerio de Fomento-. El total de las actuaciones, que beneficia a 3.067 viviendas, está presupuestado en 4.688,9 euros, de los que el Ayuntamiento aporta un 30% y los propios vecinos el 10% restante.

De la Torre, que envió copia del acuerdo por fax a la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga minutos antes de comparecer en rueda de prensa para explicar el convenio, restó importancia al procedimiento seguido porque dijo que los porcentajes de participación de cada administración ya habían sido acordados en una reunión de la comisión de seguimiento del convenio de vivienda entre Junta y Ayuntamiento.

"Hasta ahora ha habido un sí de la Junta en todas las reuniones que hemos tenido y es difícil que ahora venga un no", dijo De la Torre, quien explicó que el Ayuntamiento ha tratado, al firmar el acuerdo con los vecinos, de "tener un mecanismo ágil, sin más dilaciones". Según el alcalde, a partir del próximo lunes los vecinos podrán presentar sus solicitudes en el Instituto Municipal de la Vivienda, que ya dispone de los 1.406 euros del consistorio.

Según el alcalde, el delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, Luciano Alonso, mostró su "perplejidad por la peculiar situación institucional". Recordó que aunque efectivamente el reparto de la financiación que corresponde a cada administración se acordó en julio de 2002, aún no se ha podido firmar el convenio con el Ayuntamiento por la negativa de éste a aceptar que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) sea la entidad gestora del programa, como también se pactó en aquella misma reunión.

Gestión de EPSA

Pero en noviembre de 2002, la concejal de Vivienda, Olivia González, volvió a poner reparos a la participación de EPSA. La Junta dijo también que la edil pidió conocer las actuaciones de rehabilitación concertadas realizadas bajo la gestión de esta empresa en Granada y Cádiz, y que aún no ha dado una respuesta a la Junta, por lo que el convenio, que incluye además otras actuaciones sobre las que no existe acuerdo, no ha podido firmarse aún.

La Junta también dudó de la valoración realizada por el Ayuntamiento, y dijo que los estudios técnicos realizados determinan que sería precisa una inversión total de 14 millones de euros. La candidata del PSOE a la alcaldía, Marisa Bustinduy dijo por ello que el Ayuntamiento ha optado por un "mero lavado de cara de unas pocas viviendas" criticó que "no es de recibo que después de tres años, el Ayuntamiento plantee a dos meses de las elecciones una solución fallida y falsa".