Los socialistas recurren al TSJ el rechazo de Alperi a debatir en el pleno las conclusiones de Mercalicante

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante presentó ayer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad contra la negativa del alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, de convocar un pleno extraordinario para debatir las conclusiones de la comisión de investigación municipal sobre el desfalco de unos seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante. "El alcalde está hurtando a los ciudadanos la posibilidad de que se debata en el primer foro de la ciudad las conclusiones de los grupos sobre el mayor escándalo financiero en el que se ha visto implicado el Ayuntamiento", dijo Blas Bernal, portavoz del PSPV.

Para los socialistas, la decisión del primer edil atenta directamente contra los derechos fundamentales de las personas. "Al final los más perjudicados por el agujero de Mercalicante son los vecinos, porque estamos hablando de una empresa pública, y tienen derecho a conocer qué pasó y quién es el responsable", argúmentó Bernal.

El grupo del PSPV mantiene que el decreto de la Alcaldía del pasado 27 de enero que rechaza la convocatoria de un pleno extraodinario vulnera los derechos fundamentales de la persona, en concreto el artículo 32.1 de la Constitución. Este punto regula el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes electos.

Además de este recurso por la vía jurídica, los socialistas también presentaron ayer en el registro municipal el correspondiente recurso de reforma. El alcalde negó la convocatoria del pleno extraordinario porque, según un informe jurídico de los técnicos, no estaba obligado a acceder a la petición de los socialistas. El PP también sostiene que la comisión municipal de investigación acordó dar por terminados sus trabajos en su seno interno y no trasladar sus conclusiones al pleno de la corporación.

La comisión de investigación desarrolló sus trabajos a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. Su objetivo era averiguar las causas del desfalco y depurar las responsabilidades políticas que se demostrasen. La opososión concluyó que sí hay responsabilidades políticas, por acción u omisión del alcalde, presidente de los dos máximos órganos de control de Mercalicante: el consejo de administración y la comisión ejecutiva.