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Medio Ambiente abrió en 2002 más de 100 expedientes por roturar en zonas forestales

Sara Velert

La Consejería de Medio Ambiente abrió el año pasado un total de 125 expedientes sancionadores por la roturación de terrenos forestales, en la mayoría de los casos para su transformación en cultivos agrícolas. Según el director general de Recursos Forestales, Javier Gómez, la consejería dispone de 236 agentes medioambientales que controlan este tipo de infracciones, que pueden acarrear multas que oscilan entre los 600 euros (100.000 pesetas) y los 3.606 euros (600.000 pesetas).

La apertura de los expedientes implica la paralización inmediata de la roturación, y en caso de sanción se obliga al infractor a devolverlos a su estado original.

Los procedimientos iniciados el año pasado responden a 24 denuncias de los agentes en la provincia de Castellón, otras 60 en Valencia y 41 en Alicante. En la mayoría de los casos de estas roturaciones supuestamente ilegales se trata de espacios de "escasa superficie", aunque en Castellón destacan la transformación de cuatro hectáreas en el término municipal de Almenara o de 2,5 en Zorita, entre otras.

En la provincia de Valencia, se han abierto hasta siete expedientes en Moixent, cinco en Algar del Palancia y otros tantos en Anna, y dos en localidades como L'Alcúdia de Crespins, Catadau o Simat de La Valldigna. En cuanto a la superficie de monte roturada, destaca una de ocho hectáreas en Torres-Torres y otra de cinco en Anna. Mientras, en la provincia de Alicante las roturaciones ilegales se acumulan en Crevillent, con seis expedientes, en Finestrat, con el mismo número de casos, cinco en Orihuela y tres en Pilar de la Horadada, donde una de las denuncias afecta a seis hectáreas de monte.

Apertura de minas ilegales

Además de las roturaciones para ganar terreno de cultivo, los procedimientos sancionadores afectan a la apertura de minas ilegales o de caminos sin autorización. Javier Gómez destaca que en los últimos años se ha intensificado la inspección para paralizar estas transformaciones ilegales, de forma que se ha pasado de 43 expedientes en 1998 a 104 en 2001, y los 125 del año pasado. Medio Ambiente sostiene que estas infracciones "no suponen un menoscabo importante de la superficie forestal".

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Frente a las denuncias de grupos ecologistas sobre el aumento de la superficie de cultivo ante la tramitación del Plan Hidrológico Nacional, Gómez asegura que se conceden "poquísimos" permisos de roturación para cultivos porque se exige una evaluación de impacto, un informe que justifique la rentabilidad y viabilidad del producto, y la garantía de que se dispone de agua.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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