El PNV y EA presentan el cambio de ley electoral para recobrar Álava

El PNV y EA presentaron ayer, dos días después de alcanzado su acuerdo de coalición para los comicios de mayo, una proposición de ley para tramitar con urgencia en el Parlamento un cambio de la ley que regula las elecciones a Juntas Generales. El PNV, que amagó en noviembre con este movimiento, básica orientado a garantizarse de nuevo la mayoría en Álava, lo pospuso entonces por la oposición de sus socios de Gobierno, tanto IU, que también mantendrá su oposicion ahora, como EA, que dijo entonces que no entraría en "procesos de ese tipo sin consenso". Sólo Batasuna se pronunció a favor.

La modificación propuesta supone la vuelta al sistema de siete circunscripciones para Álava existente hasta 1987, aunque ahora se otorgaría un representante de modo automático a cada cuadrilla, en lugar de los dos que obtenían hasta entonces. Con esta fórmula, Vitoria, que concentra casi el 80% de la población alavesa, perdería representación, mientras la ganarían comarcas muy escasamente pobladas, pero en las que el PNV mantiene su influencia. La fórmula actual divide el territorio en tres circunscripciones: Vitoria, con 39 junteros, Ayala con 6 y el resto de la provincia, bajo la denominación de Tierras Esparsas, con otros 6. Con el nuevo sistema Vitoria perdería cinco representantes, y tendría 34, Ayala mantendría los 6, Rioja Alavesa tendría 3 y las cuatro circunscripciones menores, Campezo-Montaña Alavesa, Zuia, Añana y Salvatierra, 2 cada una. Con el reparto propuesto ahora, las Juntas Generales de Álava habrían tenido en 1999 mayoría nacionalista, ya que el PNV habría obtenido 19 escaños y Batasuna 8, mientras el PSE habría bajado de 9 a 6 y el PP e IU habrían perdido uno cada uno.

También en Vizcaya Bilbao perdería peso específico al pasar de 16 representantes a 15, mientras se crean dos nuevas circunscripciones, Busturia-Markina y Durango, que elevarían a 6 las comarcas electorales. Guipúzcoa no variaría.

Los nacionalistas tienen plazo para aprobar la modificación (en 1987 se presentó el 11 de febrero y se aprobó el 27 de marzo), pero no tienen asegurada su aplicación en las elecciones de mayo, ya que un recurso de inconstitucionalidad, medida que anunciaron de inmediato socialistas y populares, podría paralizarla si lleva aparejada la suspensión cautelar. Los servicios jurídicos de la Diputación alavesa estiman que las Juntas son competentes para presentarlo.

Tanto el PSE como el PP dan por hecho que la iniciativa saldrá adelante en la Cámara con el apoyo de Batasuna, dado que los radicales también se verían beneficiados con el cambio, y manifestaron su indignación. El diputado general de Álava, Ramón Rabanera, habló de "golpe de Estado" a la voluntad alavesa mientras el secretario provincial socialista, Javier Rojo, calificó la iniciativa de "trampa y atropello" y la enclavó en el "reparto del botín" efectuado, a su juicio, entre PNV y EA. Ambos estimaron que, a la vez, la iniciativa demuestra la debilidad y el temor del nacionalismo en Álava.