El fiscal pide cuatro años y medio a dos directivos de Fagor por delito ecológico

La Audiencia de Pamplona celebró ayer el primer juicio de su historia por un presunto delito ecológico. En el banquillo se sentaban el director general de la planta de Fagor-Luzuriaga en Tafalla, Francisco José Fernández de Aguirre Guinea, y su director de ingeniería, Miguel José Ugalde Barbería. El fiscal pide cuatro años y medio de prisión para cada uno, multas por más de 5.000 euros y su inhabilitación durante cuatro años para trabajar en el sector metalúrgico. Los acusados defendieron su inocencia y afirmaron que Fagor-Luzuriaga, empresa adquirida en 1997 por MCC, tiene acreditada una "excelente" gestión medioambiental.

La Fiscalía acusa a ambos de haber mantenido el vertido de residuos tóxicos procedentes de su actividad industrial (fundición de bloques de motor para vehículos) en unos terrenos gravemente contaminados que, además, producían escorrentías subterráneas que contaminaban pozos de riego y consumo humano e incluso las aguas del río Cidacos. El proceso contaminante se remontaría 20 años atrás, según grupos ecologistas.

"Ni siquiera conozco el delito que he podido cometer", adujo en la vista Fernández de Aguirre Guinea, quien dirige la planta tafallesa desde 1997. Agregó que nunca ha supervisado directamente los procesos medioambientales y que carece de especialización para evaluar un cumplimiento de la ley que técnicos propios o independientes han certificado durante años. "El Gobierno de Navarra tiene la responsabilidad de ese control y siempre la ha ejercido", añadió.

Ugalde Barbería aseguró que el fiscal hacía una lectura "parcial" y "no neutral" de muchos de los informes de seguimiento, no concluyentes, según él, que durante los años 90 realizaron distintas empresas especializadas sobre el sistema de tratamiento de los residuos.

El fiscal señaló que los acusados conocían que metales pesados, disolventes, resinas, petróleo, aceites, grasas o arsénico eran vertidos en lodos que se decantaban al aire libre en unos terrenos a apenas 200 metros del cauce del Cidacos, contaminando subsuelo y aguas y, finalmente, eran enviados como inertes al vertedero comarcal.