Sifre afirma que la supresión de plazas docentes confirma la política del PP de recortar servicios

El conflicto desatado en el sector valenciano de la enseñanza por la supresión de 1.573 plazas de ESO -cifra que equivale al 10% de la plantilla de profesores funcionarios- trasciende, según el secretario general de CC OO, Joan Sifre, el ámbito estrictamente educativo y supone una vuelta de tuerca más a "la política de mayorías absolutas del PP", basada en "la negación del consenso y el recorte de la prestación de servicios públicos". Sifre equiparó ayer "la envergadura de la reconversión del sistema educativo iniciada" al "conflicto abierto en Sanidad y Justicia".

La confederación de CC OO en el País Valenciano -que promueve junto a los otros cuatro sindicatos de la enseñanza la campaña de movilizaciones en el sector educativo que se anunciará hoy- optó ayer como por elevar el problema sectorial por el que atraviesa la Educación al mismo nivel que los conflictos abiertos en la Sanidad y la Justicia. En esa dirección, el secretario general denunció que de entrar en vigor esta medida supondrá la supresión de 1.573 plazas en la Comunidad.

Por provincias, Valencia será la más afectada con 924 plazas menos, fundamentalmente en la capital, donde 408 profesores funcionarios que se verán abocados a cambiar de ciudad (lo que incumple la normativa) y a desplazarse en un radio de hasta 40 kilómetros. "Es la aplicación de facto del decretazo", ironizaron en referencia al decreto del Gobierno central que derivó en una huelga general, que forzó su retirada.

"Esta imposición de la movilidad dentro de cada provincia no sólo es una medida lesiva para los profesionales de la enseñanza, sino que impide una planificación consensuada", pero sobre todo incide de lleno en el recorte de la prestación de servicios", puntualizó Sifre. El sindicato calcula que la reconversión del sector afectará a más de 100 institutos y al 10% de la plantilla de profesores funcionarios de medias (unos 15.000, sin contar los de FP).

La iniciativa de CC OO en la Comunidad se producía simultáneamente a la llamada del secretario general de la federación estatal, Fernando Lezcano, que -en coordinación con las comunidades socialistas que recurrirán la nueva Ley de Calidad de la Enseñanza- pidió a profesores y sindicatos que asuman el liderazgo de los cambios educativos en todo el país y combatan una ley que "secuestra las competencias autonómicas" y atenta "contra la enseñanza pública".

Ramón Cardona, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, coincidió con la envergadura del problema y anunció que pedirá la comparecencia del responsable autonómico, Manuel Tarancón, para que explique la situación en las Cortes.

Desde Alicante, la presidenta de Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Enric Valor, Josefa Sánchez, adelantó a Efe que de consumarse el recorte se sumarán a las movilizaciones. Sánchez añadió que la futura ley supone "la imposición de un modelo privado y elitista".