El Gobierno mexicano devuelve el control de Canal 40 a sus dueños

La noche del lunes, emitiendo imágenes de una redacción festiva, el independiente Canal 40 reapareció en el Valle de México, después de 32 días de haber desaparecido de las pantallas a raíz de una disputa contractual con Televisión Azteca, la más poderosa después de Televisa. Criticado por ello, el Gobierno había intentado mantenerse alejado del conflicto, sin conseguirlo. Finalmente, optó por devolver las instalaciones y la señal a Canal 40, con carácter provisional, después de que un juez federal rechazara mediar en una crisis que ocupó portadas de la prensa local.

El 27 de diciembre, en un asalto tipo comando, un grupo de guardias jurados contratado por Televisión Azteca ocupó el canal propiedad de la empresa Corporación de Noticias e Información (CNI), causando un escándalo mayúsculo porque se ejecutó violentamente, sin el preceptivo mandamiento judicial mexicano y con el silencio, cómplice según CNI, del Ejecutivo.

Las dos empresas pleitean desde hace más de dos años. El reciente arbitraje de la Corte Internacional de Comercio (ICC) de París, sobre cuyos términos Televisión Azteca y CNI discrepan, fue aprovechado por la primera para hacerse con las instalaciones. La intensa controversia determinó que el Gobierno ordenara a la policía la ocupación de la sede a la espera de un fallo judicial.

Televisión Azteca acusa a Canal 40 de violar un contrato, suscrito en 1998, por el que se haría cargo de parte de la programación de Canal 40 y vendería los espacios publicitarios, con un reparto de las ganancias. Además, según reclama, tiene la opción a compra del 51% de las acciones de Canal 40. Su dueño, Javier Moreno, que efectúa otra lectura del acuerdo, presentó un recurso constitucional, estimando que el socio no es idóneo porque no respetó las condiciones establecidas en el articulado del contrato.

Un juez penal investiga el cruce de acusaciones. La salida al aire de Canal 40 fue protestada en manifestaciones de solidaridad con los trabajadores afectados, que se consideraron víctimas de componendas entre TV Azteca y el Gobierno. Presionado por el Congreso y la opinión pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) devolvió las instalaciones después de que un juez federal no aceptase que la SCT le endosara la responsabilidad de un dictamen al respecto.