El PSOE de Aranjuez aporta más datos sobre la trama de las constructoras

El grupo municipal socialista de Aranjuez anunció ayer que llevará al fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, nueva documentación, por si se incluye en la querella presentada por el ministerio fiscal contra el alcalde ribereño y varios concejales del gobierno municipal a los que acusa de formar "una trama para el enriquecimiento ilícito".

La fiscalía de Madrid interpuso una querella por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencia contra el alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, y contra los ediles de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Gálvez, y Urbanismo, Javier Ramón Cepeda (hermano del regidor), todos del PP. La querella también se dirige contra el aparejador municipal, José Antonio Segado, y contra José Ángel Lazareno, un arquitecto contratado por el Consistorio para la ejecución de obras. El fiscal destaca que los querellados, valiéndose de sus cargos, integran supuestamente "una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras".

La querella de la que se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez el pasado 22 de octubre, es el resultado de denuncias interpuestas ante la fiscalía por el PSOE de Aranjuez y en las que se imputaban tratos de favor desde el Consistorio a determinadas empresas constructoras entre los años 1998 y 2001.

Los nuevos documentos que serán aportados a la fiscalía "son dos decretos de pago ordenados por el portavoz del PP y concejal de Hacienda, Miguel Angel Gálvez, de diciembre de 2002, a una serie de empresas y proveedores. Ninguno de ellos cumple con el principio de prioridad legal en el pago, es decir, que se cobra en el orden que quiere el concejal, sin atenerse a ningún plan establecido. Además, dos de esas empresas, Maconsa e Hidroar, ambas incluidas en la querella, lo hacen con un informe en contra de la Intervención y Tesorería municipales" señaló el portavoz socialista, Jesús Dionisio Ballesteros.

Reparos

El pago efectuado a Maconsa asciende a 1.500.000 euros en relación a las obras de reforma de la Casa Consistorial, mientras que a Hidroar el pago ha sido de 71.676 euros. "El informe que Intervención y Tesorería entregaron al alcalde-presidente es claro", añade Ballesteros. En el caso de Hidroar agrega que "los reparos efectuados a dichas facturas se refieren a la ausencia de expediente de contratación alguno, así como la falta de conformidad del responsable del área con las horas extraordinarias". En el caso de Maconsa, el informe sostiene que esa factura no se puede pagar porque no hay crédito, no existe expediente de contratación relativo al modificado de la obra, no hay proyecto de modificado realizado, y por tanto no se ha hecho la oportuna fiscalización que la ley exige, según Ballesteros.

Para el grupo socialista, el concejal de Hacienda "se salta a la torera todos los controles de la Administración y no garantiza el derecho de igualdad a todas las empresas". El PSOE considera que alguien tiene que responsabilizarse y garantizar que las horas extras pagadas a una empresa se han cumplido, o que lo que se factura se corresponde con lo hecho.