El Supremo de Italia rechaza que cambie la sede del tribunal en un proceso contra Berlusconi

El Tribunal Supremo de Italia cerró ayer la última puerta a las expectativas del primer ministro, Silvio Berlusconi, y del diputado de Forza Italia Cesare Previti de ver trasladados a otra sede los procesos que se siguen contra ambos en Milán. Los nueve jueces encargados de estudiar los recursos de los abogados defensores contra la sede milanesa deliberaron durante cuatro horas antes de emitir ayer tarde un veredicto que representa un duro revés para Berlusconi y su antiguo abogado Previti. La defensa se había valido de la ley de la legítima sospecha, aprobada recientemente, para rechazar la sede de Milán, por supuesta parcialidad contra los imputados.

La decisión del alto tribunal desató una gran tormenta política, recibiendo de inmediato las críticas durísimas del centroderecha que la consideró "una sentencia corporativa", mientras de las filas de los Demócratas de Izquierda, principal partido de la coalición del Olivo, se alzaron voces que la apreciaron con moderación. "Es una decisión equilibrada", dijo la diputada Anna Finocchiaro, "porque además evita que haya que reiniciar los procesos". El ex magistrado Antonio di Pietro exclamó, satisfecho, dirigiéndose a los imputados: "¡Basta ya de escapar!". Exclamaciones que, a juicio del diputado de Forza Italia Renato Schifani, demostrarían "que el juicio está totalmente politizado". La Margarita, la minicoalición centrista que forma parte del Olivo, evitó pronunciarse.

Las implicaciones de la sentencia del Supremo son enormes. Por una razón esencial, los procesos, interrumpidos en noviembre en espera de la decisión definitiva del Supremo, proseguirán ahora con celeridad camino de la sentencia. En el caso de Previti, implicado en los tres juicios llamados de las togas sucias, en referencia a la acusación de corrupción a jueces romanos, la sentencia podría llegar en torno a Semana Santa, y la petición de la fiscal, Ilda Bocassini, es de 13 años de prisión. El proceso Sme, en el que figura también Berlusconi como imputado, se encuentra en una fase menos avanzada, pendiente aún del interrogatorio de testigos en el extranjero, y no es probable que se llegue a la sentencia hasta el verano próximo.

El primer ministro, que pasó en su residencia cerca de Milán la mayor parte del fin de semana, se ha declarado tranquilo y "absolutamente convencido de que no existen pruebas para condenarle". Berlusconi ha repetido varias veces que, lejos de sentarle en el banquillo, Italia debería haberle condecorado por su comportamiento en el caso de la venta de la empresa de alimentación pública Sme, en los años ochenta. El entonces presidente del IRI (ente público que gestionaba numerosas empresas) Romano Prodi había llegado a un preacuerdo de venta de la Sme al empresario Carlo de Benedetti. Acuerdo bloqueado por el primer ministro, Bettino Craxi, que lo consideró poco satisfactorio económicamente. Berlusconi y un grupo de empresarios pujaron por la Sme y la obtuvieron. Los jueces confirmaron la validez de la compra, aunque, según la acusación de los fiscales de Milán, lo hicieron a cambio de sustanciosas sumas de dinero ingresadas en cuentas suizas a través del abogado Cesare Previti.

Una condena de Cesare Previti, ex ministro de Defensa en el primer Gobierno de Berlusconi, en 1994, dos veces diputado de Forza Italia, y estrechamente ligado a Il Cavaliere en su etapa de empresario, tendría indudables consecuencias para el actual primer ministro. En Forza Italia hay quien teme también la imprevisible reacción de un hombre como Previti, famoso por su fuerte carácter.

El filón de la investigación se abrió en 1995 gracias a las declaraciones de Stefania Ariosto, antigua novia de Vittorio Dotti, abogado próximo a Previti, quien declaró a la policía, primero, y a los fiscales de Milán, después, que el abogado de Berlusconi había tejido en Roma una red de jueces y abogados favorables a sus intereses a cambio de grandes sumas de dinero.