Botín prueba que el pago a Amusátegui se pactó en 1999 y no en 2001

Emilio Botín-Sanz de Sautuola, presidente del Banco Santander Central Hispano (SCH), probó ayer ante la juez Teresa Palacios que la indemnización de 43,75 millones de euros que percibió el presidente de honor de la entidad, José María Amusátegui, cuando dejó el banco se pactó como un bonus el 15 de enero de 1999, y no en agosto 2001, como compensación a su salida anticipada del cargo varios meses antes de lo previsto, como señalaba la querella presentada contra ellos por presunto delito societario.

Tanto Botín como Amusátegui declararon en calidad de imputados en la querella interpuesta el pasado mes de noviembre por el abogado Juan Francisco Franco Otegui y que fue admitida a trámite en diciembre de 2002 por la magistrada. En la querella se acusaba a Botín de haber entregado 43,75 millones de euros como indemnización a Amusátegui por dejar el banco antes de la fecha que le correspondía en los acuerdos de fusión, en perjuicio de los accionistas de la entidad.

La querella relataba los roces y enfrentamientos que se produjeron entre las ejecutivas de los bancos tras la fusión y cómo los directivos del Santander triunfaron en la pugna por el control de la entidad resultante. Aunque Amusátegui y Botín habían pactado la copresidencia, "el primero se había convertido en una molestia y un freno para los planes del segundo, que deseaba no tener que dar explicaciones a nadie y convertirse en el único presidente de la entidad", decía el escrito.

Por ello, señalaba que para acelerar el trámite por el que se convertiría en presidente único, Botín pactó con Amusátegui una indemnización de 43,75 millones de euros "satisfechos durante el ejercicio 2001 con carácter extraordinario y no recurrente", y que figuran en una partida titulada Compromisos por pensiones y otros seguros.

Sin embargo, entre los documentos aportados al juzgado por el banco figuran, con fecha 15 de enero de 1999, los contratos de fusión y otro contrato en el que se pacta la indemnización y la jubilación de Amusátegui, que sería efectiva tras dejar la presidencia del SCH en 2002.

En ese contrato se especifica que Amusátegui cobraría 43,75 millones de euros en caso de jubilación, invalidez o cese, y en caso de fallecimiento lo percibirían su viuda y su primera mujer. Además, el presidente de honor cobraría 5.108.603 euros anuales, más el 70% de la cantidad a que tiene derecho un consejero de su nivel como emolumentos, y mantiene el plan de opciones sobre acciones, el despacho y dos secretarias, y la presidencia de la Fundación Santander Central Hispano.

Coincidencias

Botín y Amusátegui declararon ante la juez con dos horas de diferencia, pero, según los asistentes, sus manifestaciones fueron idénticas, incluso en las expresiones. Ambos se negaron a contestar las preguntas formuladas por el abogado de la acusación, ejercida por el letrado José Luis López Sánchez, en sustitución del querellante, Juan Francisco Franco Otegui.

Los dos banqueros afirmaron que los 43,75 millones de euros correspondían a un bonus por los servicios prestados por José María Amusátegui al Central Hispano desde el año 1985, y explicaron que entre esos servicios destacaba la Operación Airtel, que llevó él personalmente, en la que la entidad obtuvo unos beneficios de 800.000 millones de pesetas (4.808 millones de euros). Los contratos en cuestión fueron aprobados por unanimidad por el consejo de administración resultante de la fusión.

Además, justificaron que las condiciones de jubilación figuraran en el contrato debido a que Amusátegui iba a marcharse en 2002, mientras que Botín iba a permanecer al frente de la entidad.

Los dos insistieron en que el Banco de España tenía conocimiento detallado de los acuerdos de fusión y del contrato de jubilación y que no ha puesto de manifiesto que ello constituya una anomalía. El letrado de la acusación, sin embargo, sostuvo que el Banco de España no tiene por qué cuestionar aspectos legales de la sociedad, salvo que afectasen a la solvencia de la entidad, y que la indemnización pactada, aunque cuantiosa, no hizo tambalearse al banco.

Botín aclaró que si en la junta de accionistas no se explicó claramente el destino de los fondos que habían sido destinados a la indemnización de Amusátegui, fue para "salvaguardar la intimidad de las personas afectadas".

Así las cosas, y desmontada la versión de que los 43,75 millones fueron la oferta de Botín a Amusátegui para dejar la entidad en 2001 y poder encaramarse a la presidencia única del SCH, las discrepancias entre acusación y defensa se centran ahora en si la decisión del pago era competencia del consejo de administración del banco, como sostienen los abogados de la defensa, o de la junta general de accionistas, como mantienen los letrados de la acusación.

Además, el letrado acusador indicó también que la ley exige que en los acuerdos de fusión figuren las ventajas que obtienen los administradores, y en el contrato de 15 de enero de 1999 se señalaba expresamente que ninguno de los administradores obtenía ninguna ventaja de la fusión. A su entender, ello constituía una irregularidad, puesto que la indemnización fijada representaba a su juicio una ventaja no declarada.

La defensa, por el contrario, argumenta que el bonus no era una ventaja de la fusión y que, por tanto, no tenía que figurar en el contrato.