CiU y PP piden a Clos más bonificaciones fiscales

Ni el presupuesto ni la inversión prevista para 2003 por el Ayuntamiento de Barcelona se verán modificados por la necesaria modificación de las ordenanzas fiscales. Ayer, la comisión de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento aprobó de forma inicial la aplicación a las ordenanzas municipales de la nueva ley impulsada por el Gobierno del PP y que supondrá la exención del pago del IAE para aquellas empresas y personas físicas que facturen menos de un millón de euros al año.

La oposición de CiU y PP recriminaron al equipo de gobierno que no aplique todas las bonificaciones que prevé la ley.

La previsión realizada inicialmente de ingresos fiscales para este ejercicio fue de 746,39 millones de euros, cifra que engloba los cinco impuestos municipales: IBI, IAE, circulación, construcción e impuestos especiales. En el ejercicio de 2002, los ingresos por IAE fueron el 9,1% del total recaudado. En números totales: 164 millones de euros. Para este ejercicio, el consistorio desconoce qué cantidad podrá recaudar en concepto de IAE, ya que esa información se la tiene que facilitar la Agencia Tributaria. "Nos han comentado que en abril nos darán el censo de las empresas que facturaron más de un millón de euros en el ejercicio de 2000, que es el último cerrado", explicó ayer Ernest Maragall, presidente de la comisión de Hacienda del consistorio. En cuanto a la compensación extraordinaria por parte de la Administración central a todos los ayuntamientos por restar los ingresos del IAE que dejarán de recaudar no se sabe nada, en palabras de Maragall.

La deuda de la Carta

La modificación provisional de las ordenanzas fiscales se convirtió ayer en debate político sobre los modelos de financiación municipal. Así, la oposición de CiU y PP censuraron al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que no aplique todas las bonificaciones previstas en la ley de reforma de las Haciendas Locales. Mientras, la mayoría -PSC, ERC-EV e ICV- considera que muchas de esas medidas ya se aplican. Sonia Recasens (CiU) hizo una detallada enumeración de las bonificaciones aplicables -del 50% del IBI a las viviendas protegidas o en el IAE a las empresas que inician actividad o a las que amplían la plantilla, entre otras- para criticar las limitaciones que impone el consistorio: "las bonificaciones del IBI se limitan a tres años, en cuantro a las empresas sólo se aplica en los tres primeros años de actividad cuando la ley prevé que sean cinco".

El tono del debate arreció tras la afirmacion de Emma Balseiro (PP) de que "los impuestos bajan en Barcelona gracias al Partido Popular". Maragall le replicó que, de momento, lo que la ciudad agradece al Gobierno de Aznar es que se oponga al régimen financiero especial de la Carta Municipal. Añadió que Barcelona lleva años disminuyendo la presión fiscal en los impuestos que recauda.