La ley del Suelo permitirá expropiaciones a bajo precio de terrenos para construir pisos

El Gobierno se reservará en la nueva ley del Suelo vasca la posibilidad de expropiar terrenos a bajo precio para construir viviendas. La ley, que se presentará en un plazo de tres semanas para su debate social y político, pretende impedir a los propietarios privados de suelos que paralicen planes urbanísticos para especular y para ello introduce la figura del agente urbanizador. La ley del Suelo en Euskadi, una de las pocas comunidades autónomas que aún carecen de esta normativa, obligará a que todas las promociones de viviendas tenga una cuota de pisos protegidos.

"Será como cuando se hace ahora una carretera. Si no se llega a un acuerdo con el propietario del suelo, se expropia al precio en que está calificado [en ese momento] el suelo", explicó José Angel Esnaola, coordinador del equipo técnico elegido por el Departamento de Vivienda que desde hace un año trabaja en el texto de la nueva ley.

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, recalcó que el sistema urbanístico español deja en manos de un propietario privado la posibilidad de desarrollar un plan aprobado en un municipio. "Si, como es habitual, no tiene voluntad de desarrollarlo, porque prefiere especular para lograr un precio desorbitado, los planes no se ejecutan y el suelo esta parado", agregó. Con la actual legislación, la expropiación resulta muy gravosa, ya que la normativa española obliga a compensar a los dueños de los terrenos en función de las expectativas urbanísticas; es decir, si es un suelo rústico que se quiere recalificar para levantar viviendas, se debe pagar en atención a esta última calificación, lo que multiplica sustancialmente el valor del terreno.

"Con la ley del Suelo vasca queremos romper con esto", apuntó Madrazo. La figura clave es el agente urbanizador, que sería una empresa privada y cumpliría las funciones de un delegado de la Administración que debe llegar a un acuerdo con el propietario y, en caso negativo, expropiarle el solar.

La normativa que prepara el Ejecutivo prevé incluso la expropiación a bajo precio si se trata de terrenos para la construcción de viviendas protegidas. Y no se pagará en función de la futura recalificación del suelo. Esta opción no va a ser generalizada, según explican los redactores de la ley, porque "al propietario le interesará llegar a un acuerdo para obtener más rentabilidad que la expropiación". "Con esto", añaden, "se acaba con la prerrogativa del propietario de impedir el proceso de transformación del suelo".

Suprimir la exención

Pese a que la valoración económica del suelo es competencia del Gobierno central, el Departamento de Vivienda establecerá en la nueva ley la posibilidad del pago según la actual calificación de los terrenos. Madrazo explicó que los agentes urbanizadores "le quitarán al propietario de terrenos la llave del desarrollo urbanístico del suelo".

La nueva normativa incentivará también la construcción de viviendas protegidas. Se suprimirá la posibilidad actual de que una nueva promoción urbanística pueda cumplir con la cuota de pisos de protección en otra zona distinta del municipio, como ha sucedido en Abandoibarra, que carece de estos inmuebles porque se han llevado a otro barrio bilbaíno. El documento en elaboración plantea además cambios sobre las cuotas de viviendas protegidas, ahora del 65% en suelos urbanizables y del 20% en los urbanos, salvo en los municipios de menos de 7.000 habitantes que están exentos de dichas cuotas. Se quiere eliminar esta exención e incluso aumentar los porcentajes de inmuebles protegidos de manera generalizada.

La nueva ley propondrá igualmente regular la ocupación del suelo, sobre la que ahora se establece un máximo, pero no un mínimo, con lo que en algunos municipios se requieren grandes superficies para construir. "Se trata de aprovechar mejor el suelo".

Madrazo, que presentó ayer el equipo redactor de la normativa elegido tras un concurso, ha recurrido al catedrático Luciano Parejo, uno de los mayores expertos en urbanismo en España, para que el texto cumpla la Constitución y no colisiones con las competencias del Gobierno central. La nueva normativa reducirá los artículos "para que sea entendible por la población" y endurecerá el capítulo de sanciones.