Un edil de Aranjuez encargó una obra particular a una empresa con contratos del Ayuntamiento

El concejal de Hacienda de Aranjuez, Miguel Ángel Gálvez, admitió ante el juez que le investiga por supuesta corrupción (junto al alcalde, José María Cepeda y a un hermano del regidor, Javier Ramón, todos del PP), que encargó las obras de la piscina de su casa a Maconsa. Esta empresa, según la querella de la fiscalía de Madrid que ha dado lugar a las pesquisas, ha resultado muy favorecida en los últimos años con obras del Ayuntamiento. Aparte del alcalde, dos concejales y dos técnicos del Ayuntamiento, el juez ha ampliado la investigación a otras dos personas.

En su declaración ante el juez Gonzalo Salgado, Gálvez admitió que las obras de la piscina costaron "entre cuatro y cinco millones de pesetas", y que ese dinero lo pagó en efectivo y procedía de la recaudación de la tienda de su esposa. El fiscal del caso, Emilio Valerio, le preguntó por qué eligió para esa tarea a una empresa no especializada en piscinas. Gálvez, según asistentes a su declaración, dijo que ignoraba que Maconsa careciese de esa especialización y que la contrató porque le infundía confianza.

En su querella, la fiscalía asegura que tres empresas, Maconsa, Mafasa y Aldisa, vinculadas a una misma persona, han sido beneficiadas con gran parte de las obras municipales y que, además, éstas han presentado y cobrado del Consistorio decenas de facturas infladas. Gálvez indicó que ignoraba que las tres empresas perteneciesen a una misma persona y explicó que, si bien la cuantía económica de esas facturas podía elevarse al 90% del total de facturación, en cifras sólo suponían 160 de las 2.000 emitidas por el Ayuntamiento en 2000. Añadió que su relación con el dueño de esas empresas es la misma que tiene con los 6.000 proveedores del Ayuntamiento de Aranjuez.

El fiscal destaca que los querellados, valiéndose de sus cargos, integran "una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras" entre los años 1998 y 2001, y que el objetivo de esa supuesta trama era obtener "enormes beneficios".

Informes negativos

El juez Salgado ha tomado ya declaración al alcalde y a su hermano, que es concejal de Urbanismo. También figuran como imputados en las pesquisas el aparejador municipal José Antonio Segado y el arquitecto José Ángel Lazareno. El juez, además, ha ampliado las imputaciones a otras dos personas más.

Respecto a las facturas supuestamente infladas que ha pagado el Consistorio a estas empresas, el alcalde declaró que el pleno las aprobó con el visto bueno del interventor. El fiscal le preguntó si había leído los informes de la interventora que ponían pegas al pago de las mismas, porque carecían del oportuno expediente de contratación. El regidor señaló, siempre según asistentes al interrogatorio, que esa práctica la venía haciendo el PSOE.

El fiscal preguntó al alcalde por qué casi siempre se contrataban las obras municipales con Maconsa, Mafasa y Aldisa. El alcalde, que ha asegurado que la querella de la fiscalía carece de fundamento, manifestó que es difícil encontrar empresas dispuestas a hacer trabajos para el Ayuntamiento que tardan en cobrarse un año. También se le preguntó que cómo era posible que las obras de rehabilitación del Ayuntamiento se presupuestasen inicialmente en 721.000 euros (120 millones de pesetas) y luego se pagase por ellas casi cuatro veces más.

El alcalde señaló que aparecieron nuevas necesidades, ya que se hicieron fotos y se vio que el edificio se hallaba en estado ruinoso. ¿Y por qué no se reformó el proyecto inicial y se ajustó a esas necesidades? El regidor señaló que esa reforma habría demorado aún más las obras y que se hizo por el bien de Aranjuez, ya que había muchos servicios municipales ubicados en edificios provisionales.

El concejal de Urbanismo admitió que mantuvo conversaciones con los dueños de una céntrica fábrica de harinas por cuyo solar se había interesado una cadena hotelera. Según la querella del fiscal, los hermanos Cepeda hablaron con los responsable del proyecto hotelero y mantuvieron una actitud ambigua respecto a la posibilidad o no de levantar en la zona un hotel.

Según el fiscal, la actitud del Ayuntamiento cambió radicalmente al mostrar Metroges, otra de las firmas investigadas, interés en la compra del solar y construir sobre él.