Algunas acusaciones creen que la prueba contra Mangouras se debilita

Diversos abogados que ejercen la acusación particular en el caso Prestige estiman que las pruebas de culpabilidad contra Apostolos Mangouras se tambalean, tras conocer las grabaciones del centro de control de Finisterre. Mientras que el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, mantiene que la desobediencia del capitán "es un dato", los letrados creen que se han multiplicado las contradicciones.

El abogado José Roivas, de la acusación particular en nombre del municipio de Vimianzo, donde gobiernan los socialistas, opina que "no sólo el contenido de las cintas, sino toda la causa demuestra una responsabilidad clara del personal dependiente de la Administración central". "Habrá que empezar a determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, mediante su declaración como imputados, para que gocen de todas las garantías", añade. "En las conversaciones, la posición de la Administración parecía ser más la de una empresa privada que la de una administración pública que defendiese los intereses generales". "La conclusión que saco de las cintas", añade Roivás, "es que no se puede hacer una imputación de delito de desobediencia al capitán cuando no quedó nunca claro que hubiera una orden tajante en torno al remolcaje que fue lo que preocupó inicialmente ni que se negara a dar el remolque de emergencia. Nada de eso queda claro en las cintas". Roivas ve ahora aún más necesario que el juez acceda a sus peticiones: "He solicitado toda comunicación con cualquier barco que tuviese relación con los hechos, helicópteros, etcétera."

Ramón Savin, que ejerce la acusación particular en nombre de varias cofradías de pescadores, aprecia un giro en la causa. "Las grabaciones es posible que puedan dar un vuelco a la causa, porque salen a la luz una serie de cuestiones y decisiones que todavía desconocíamos. Esto de alguna manera puede abrir una nueva investigación. Tienen que faltar conversaciones, y datos. Si no es así, se ha hablado muy poco aquél día".

Comunicación normal

José Ignacio Santaló ejerce la acusación particular contra el capitán, entre otros, en nombre de empresas de venta de pesca, marisco, transporte y congelado. La lectura de las cintas le ha hecho girar su timón. "Ante la manera torticera de hacer la transcripción inicial de las cintas, podríamos estar ante una denegación de auxilio a la autoridad judicial. También se pone de manifiesto que las comunicaciones entre Sasemar y el capitán dificultan mucho la acreditación del delito de desobediencia imputado al capitán, ya que la manera de requerirlo y la respuesta de él están dentro de una comunicación normal. Ni él se opuso a las comunicaciones recibidas, ni tampoco éstas se le tuvieron que reiterar de una manera en que pudiera considerarse que la respuesta del capitán fuera una negativa".

El abogado Cipriano Castreje, en representación de la acusación particular contra el capitán y demás presuntos responsables en nombre de mayoristas de pescado, marisco y hostelería, sostiene: "Ya se puede estar creando una duda razonable sobre la gravedad de la actuación del capitán. Lo que sí está claro es que si esa duda razonable se extiende, como es de prever, en favor del reo, el capitán no debería estar en prisión, sin perjuicio de que sí sea responsable de los delitos que se le imputan, pero sin ninguna circunstancia agravante, pero sí atenuante".

"La instrucción ahora mismo", prosigue Castreje, "entra en una fase de nebulosa porque hay muchísimas contradicciones entre las personas, incluidas autoridades, que han declarado como imputados y testigos. Habrá que estar a la espera de la documental que debe aportar aún Fomento para decidir sobre el rumbo que deba tomar la instrucción y decidir si el el Estado puede o no ser responsable civil en este asunto".

Entre dichos letrados, llama la atención un cambio en una frase que el resumen de mensajes entregado al juez por dicho centro de salvamento de Finisterre atribuía al capitán del petrolero tras requerirle a las 18.15 del día 13 que diese remolque: "El capitán contesta que sólo recibe órdenes de su armador y que se va a poner en contacto con él". Esa frase constituye un pilar fundamental de la acusación de desobediencia. La ratificaron diversos altos funcionarios ante el juez. El capitán del petrolero, según las grabaciones, manifestó exactamente: "El remolcador recibe órdenes de los propietarios, no las mías".