Un surtidor en la bahía

Cuatro activistas de Greenpeace permanecían detenidos al cierre de esta edición en Gibraltar, a la espera de prestar declaración sobre la acción propagandística desarrollada a primera hora de la mañana por los ecologistas para denunciar la presencia en la bahía de Algeciras, frente al Peñón, de un petrolero que actúa como surtidor de combustible y provoca, según Greenpeace y los vecinos de la zona, numerosos vertidos al mar, además de suponer un riesgo considerable en caso de accidente.

La policía gibraltareña puso en libertad a última hora de la tarde a los catorce periodistas detenidos -dos de ellos de EL PAÍS- por actuar de testigos de la denuncia pacífica de Greenpeace. Se trata de una denuncia justificada y de una detención injustificada. De poco sirve que la Unión Europea (UE), o países miembros, mediante acuerdos bilaterales como el firmado a fines de noviembre por Francia y España, endurezcan la normativa sobre transportes peligrosos mientras existan paraísos fiscales que den facilidades para prácticas que, sean o no formalmente legales, suponen un riesgo cierto. El barco-surtidor contra el que se dirigía la denuncia tiene 246 metros de eslora -como el Prestige, más o menos- y capacidad para 87.000 toneladas de combustible. Y se trata de un petrolero monocasco y con más de 15 años de antigüedad, lo que, según el acuerdo hispano-francés, le impediría entrar en puerto español.

Ya en diciembre, otro barco con esas características fue obligado por las autoridades españolas a alejarse de las aguas jurisdiccionales, pero pocos días después apareció en Gibraltar. La anomalía que supone esa colonia en territorio de la Unión Europea no tiene tan sólo efectos distorsionadores de los mercados por su condición de paraíso fiscal. Los tiene también medioambientales: el Gobierno de Gibraltar autoriza trasvases de combustible de barco a barco que la Capitanía Marítima de Algeciras considera prohibidos por su alto riesgo de contaminación.

En una zona en que se han contabilizado más de 40 vertidos de hidrocarburos en los dos últimos años, por diversas causas, es evidente el riesgo de operaciones permanentes de carga y descarga de combustible en la mar y sin el control que existe en los puertos. La protesta estaba justificada, y el Gobierno de la colonia lo sabe. Es difícil imaginar una forma más torpe de impedir que algo trascienda que la detención de los periodistas encargados de contarla.