Gimeno y Batalla responsabilizan a subordinados de la operación urbanística que investiga un juez

José Luis Gimeno, alcalde de Castellón, se remitió a dos concejales, el fallecido Víctor Falomir y el actual responsable de Urbanismo, Alberto Fabra, mientras Luis Batalla, presidente del grupo que lleva su nombre, aludió a uno de los apoderados de su empresa, Alberto Oller, como protagonistas de las gestiones que llevaron a la adjudicación de la urbanización de los antiguos terrenos de la estación de Renfe a la empresa Calviga, de Lubasa. La adjudicación es investigada por un juez, ante el que declararon ambos ayer, tras la denuncia de los socialistas por la supuesta falsificación de unos recibos municipales. Gimeno aseguró que esos recibos eran "erróneos" y no le correspondían a Calviga.

Una vez acabada su comparecencia ante el juez, el alcalde de Castellón habló de la supuesta falsificación de documentos de Calviga para justificar el pago de una deuda tributaria que inhabilitaba a esta empresa para participar en el concurso de adjudicación. Según Gimeno, los recibos que se emitieron, y que causaron la redacción de un informe técnico que alertaba de su condición de deudora, son "erróneos". Así, declaró que "en el mes de mayo de 2002, mucho antes de la querella, el Ayuntamiento reconoció y devolvió a Calviga los importes de los tributos que fueron indebidamente cobrados". Según indicó, el desembolso realizado por la empresa correspondía a una plaza de aparcamiento "que no existe" y a un solar "que es de otro propietario". Es decir, que Calviga pagó unos recibos que no le correspondían y que, por lo tanto, la declaración jurada de Batalla, hecha ante notario, de que estaba al corriente de sus deudas "era absolutamente correcta, porque se podía tener el convencimiento de que no debía nada". José Luis Gimeno quiso resaltar que esas devoluciones no figuran en la querella y sí constaban ante la comisión de Hacienda "aunque, por la razón que sea, los querellantes no lo aportaron en su momento, lo que hubiese dado cierta luz al proceso". A este respecto, el letrado de la acusación se limitó a señalar que "no tiene razón y, en su día, lo demostraremos ante el juzgado".

Gimeno, acudió ayer a declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número 1, Horacio Badenes, como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público que se incluyen en la querella presentada por los concejales socialistas. El alcalde compareció durante casi cinco horas para explicar el procedimiento, iniciado en 1994, que concluyó con la adjudicación a Calviga, empresa del grupo Lubasa, de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. Así, respondió a todas las preguntas a las que le sometieron tanto el juez como la fiscal. Sin embargo, se acogió a su derecho como querellado de no responder al interrogatorio preparado por el letrado de la acusación, Juan Callao. El alcalde fue asistido por su abogado particular, Vicente Falomir, en lugar de utilizar los servicios jurídicos municipales.

Mantuvo Gimeno que su decisión de no contestar ante el juez a las preguntas del letrado del grupo socialista se debe a que "el grupo político municipal tiene derecho a formular todas las preguntas que quiera en el Ayuntamiento y nosotros a contestárselas". Por su parte, Juan Callao consideró que la negativa de Gimeno "dista mucho de su intención anunciada de querer colaborar con la justicia suministrando información y documentación".

Por el contrario, Luis Batalla, a quien el juez también llamó a declarar como acusado de los mismos presuntos delitos, sí aceptó contestar a todas las preguntas a las que fue sometido tanto por el juez como por el fiscal y la acusación. En cualquier caso, Batalla aludió a uno de los apoderados de su empresa, Alberto Oller, como protagonista de algunas de las actuaciones por las que fue interrogado. Fuentes autorizadas de la empresa manifestaron su "tranquilidad" y "respeto" al procedimiento judicial.

Durante su declaración, José Luis Gimeno hizo alusión a dos concejales. El alcalde señaló al ya fallecido Víctor Falomir y al actual edil de Urbanismo, Alberto Fabra, como responsables de las actuaciones y decisiones urbanísticas de la ciudad. Además, según reconoció él mismo, también señaló a la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo como responsable en parte del procedimiento ya que en último término aprobó el convenio urbanístico y la modificación del plan "con informes rotundos". En el "abanico" de responsabilidades incluyó, asimismo, a la "Consejería de Comercio" y a la Cámara de Comercio de Castellón en una actuación en la que, según reiteró, únicamente se ha buscado "el bien público de la ciudad de Castellón".