204 olivareros de Jaén y Córdoba denuncian una supuesta estafa de 10 millones de euros

Un total de 204 olivareros de las provincias de Jaén y Córdoba son los afectados por una supuesta estafa por parte de la fábrica Industrias Oleícolas, SA, y cuyo importe asciende a más de 10 millones de euros. La fábrica, con sede social en el municipio de Porcuna (Jaén), ha presentado suspensión de pagos en el Juzgado de Martos y ha dejado sin abonar a los olivareros los 18 millones de kilos de aceituna que le fueron entregados para su molturación la pasada campaña.

Algunos de los afectados, procedentes de municipios como Jaén, Bailén, Villatorres, Begíjar o el cordobés de Adamuz, se reunieron el pasado domingo en Torredelcampo y acordaron iniciar acciones legales contra Industrias Oleícolas por un presunto delito de estafa. La industria aceitera y los terrenos adyacentes fueron vendidos en junio del pasado año a una sociedad que tiene su sede en Madrid.

Serafín Quirós y Antonio Cuenca, dos de los afectados, señalaron que, desde el principio, la empresa Industrias Oleícolas prometió pagarles el aceite de inmediato. Ya el pasado mes de julio, cuando amenazaron con denunciarlo judicialmente, les aseguraron que el dinero lo recibirían en el plazo de un mes. Sin embargo, el tiempo ha ido pasando y el débito sigue pendiente. En otros casos, los pagarés que recibieron algunos agricultores han sido devueltos por las entidades de ahorro.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal ha solicitado casi cuatro años de cárcel y una multa de 120.202 euros para los tres empresarios de una envasadora de Mancha Real (Jaén), Oleícola Cano Jiménez, SL, acusados de obtener y cobrar casi 100.000 euros en concepto de ayudas comunitarias al envasado de aceite de oliva cuyas ventas no estaban acreditadas y fueron simuladas.

Según informó Europa Press, el Ministerio Público solicita en su escrito de calificaciones una indemnización conjunta y solidaria para el Ministerio de Agricultura y Pesca de 98.660,52 euros en concepto de responsabilidad civil, petición secundada por la Abogacía del Estado, que ejerce de acusación particular.