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Los antitrasvase no presentarán batalla en las municipales para concentrarse en las autonómicas

La plataforma recomendará que no se vote a los partidos que apoyan el Plan Hidrológico

La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), que moviliza a miles de personas en las comarcas del Ebro contra el trasvase del río previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), no presentará candidaturas ni se involucrará en la contienda de las próximas municipales. Iniciará su propia campaña bajo el lema Nunca más un Gobierno trasvasista con vistas a las elecciones autonómicas, en las que sí pretende influir y para lo que movilizará a sus seguidores. En las municipales, la plataforma, eso sí, no dejará que se olvide cuáles son los partidos que aprobaron el PHN.

La PDE, según sus portavoces, no se involucrará directamente en las municipales para evitar que estos comicios puedan convertirse en un referéndum sobre el Plan Hidrológico. "En unos comicios locales intervienen más factores [que en unas generales o autonómicas]. El factor político puede ser apreciado por los votantes más allá de su posición sobre la cuestión del agua", explica Àngel Aznar, representante de la plataforma.

Centrar los esfuerzos en las autonómicas es una decisión estratégica. Por una parte, se trata de evitar que las elecciones locales, en caso de que CiU y el PP obtengan resultados airosos, puedan ser usadas para sacar la conclusión de que la población está a favor del PHN, mientras que por otra, el movimiento es consciente de la importancia que tendría que un Gobierno catalán se opusiera a un trasvase que nace en su territorio.

Petición de voto

El referéndum, por tanto, se producirá en las elecciones autonómicas de otoño, en las que "la plataforma sí influirá y en las que llevará por todo el territorio catalán la campaña Nunca más un Gobierno trasvasista". Este lema será el eje central de las acciones del movimiento durante los próximos meses hasta los comicios autonómicos. Entre ellas destacan dos grandes manifestaciones en la primavera, una en las tierras del Ebro y otra en Barcelona, esta última en el mes de abril.

La plataforma, como movimiento social al margen de los partidos, no actuará en positivo en las elecciones locales; es decir, no recomendará el voto para ninguna formación política. Lo que hará será actuar en negativo, o lo que es lo mismo, pedir explícitamente que no se vote a los partidos que apoyan el trasvase, lo cual significa que recomendará que no se vote ni a CiU ni al PP.

"Hay que hacer una reflexión histórica sobre los partidos que han apoyado el Plan Hidrológico", señala Manolo Tomàs, portavoz de la PDE. En el fondo de la cuestión subyace el hecho de que sólo 8 de los 56 ayuntamientos de las tierras del Ebro han dado apoyo explícito a las tesis de la plataforma. "Hay falta de sintonía entre la sociedad y sus representantes locales y comarcales", concluye Tomàs, quien añade que una consecuencia de esta situación es la participación de los ayuntamientos en el Consorcio para la Protección Integral del Delta (CPIDE), un organismo del que la plataforma abomina, dado que nació de resultas del Plan Hidrológico y que es percibido por los antitrasvasistas como la justificación de "dinero a cambio de agua".

El PHN ha significado el surgimiento de un mayor dinamismo político en la zona y la organización de formaciones políticas independientes. La plataforma llegó a un acuerdo interno según el cual, si alguna de sus cabezas visibles concurre a los comicios, pasará a un segundo plano en el movimiento.

Caballo de Troya

Más de un centenar de miembros de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) participaron el pasado sábado en una protesta frente a la sede del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE) y en la clausura simbólica de la misma. Antes, medio millar de militantes se habían dado cita en la sede de la Lira Ampostina para debatir el papel del CPIDE como organismo ligado al Plan Hidrológico Nacional (PHN), y al que la plataforma califica de "caballo de Troya contra el movimiento antitrasvase". Desde la plataforma negaron que el CPIDE, surgido a propuesta de CiU para la aprobación del PHN, pueda determinar cuándo y cuánta agua se puede trasvasar, y acusaron al organismo de sustraer autonomía y competencias a los ayuntamientos y consejos comarcales por el poder que se le ha otorgado. Recordaron que el organismo "tiene una fecha de caducidad de nueve meses", en alusión a un posible cambio de Gobierno en la Generalitat tras las elecciones de otoño, y que supondría, automáticamente, un cambio en la composición del organismo "que podría suponer su defunción", según el portavoz del movimiento antitrasvase, Àngel Aznar.

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