El veneno camuflado

El DDT revolucionó en su día la lucha contra un buen número de insectos perjudiciales para la agricultura o implicados en la transmisión de graves enfermedades. Se trataba de un potente insecticida, barato y persistente, que se aplicó en todo el planeta. Sin embargo, al cabo de los años comenzaron a manifestarse sus efectos secundarios. Su estabilidad le hacía permanecer en el medio ambiente largos periodos de tiempo, quedaba retenido en los tejidos grasos de los seres vivos, y, además, su concentración iba aumentando conforme ascendía por la cadena trófica, hasta alcanzar al hombre.

El DDT comenzó a prohibirse en numerosos países, incluida España que, oficialmente, abandonó los tratamientos con este producto a mediados de los setenta. Pero el DDT sigue presente en los suelos, en las aguas, en los alimentos y hasta en la leche materna. Y lo más grave es que este fenómeno no sólo se debe a la persistencia de esta sustancia química, capaz de permanecer decenas de años en el medio, sino al hecho de que se sigue usando de forma clandestina e ilegal.

Denuncia del CSIC

Basta consultar el segundo informe que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) emitió a propósito del diagnóstico ambiental y sanitario de la ría de Huelva (www.csic.es/hispano/huelva2/) para comprobar cómo una institución oficial de reconocido prestigio denuncia la presencia de DDT en los suelos, la atmósfera y los productos alimenticios de origen marino analizados en el entorno de la ría onubense entre los meses de enero y julio de 2001. Y a la vista de las cantidades detectadas, los expertos del CSIC consideran que el pesticida prohibido "se utiliza en la zona de estudio", por lo que recomiendan a las autoridades "que presten atención al posible uso furtivo de DDT".

No parece por tanto que exista un adecuado control en lo que se refiere al cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Gobierno español sobre esta materia. Una de las últimas órdenes del Ministerio de Sanidad, en febrero de 1994, prohibía la comercialización y uso de una serie de plaguicidas peligrosos, entre los que se encuentra el aldrin. Pero si visitamos una de las web especializadas en la atención al sector agrícola (www.infoagro.com/herbaceos/oleaginosas/girasol4.asp) y consultamos, como hacen miles de agricultores todos los meses, el procedimiento más adecuado para prevenir los ataques del gusano de alambre en los cultivos de girasol nos encontramos con que el producto recomendado en estos casos es el aldrin, lo que sugiere que puede obtenerse y aplicarse a pesar de estar prohibido.

No es de extrañar, por tanto, que algunas de estas sustancias aparezcan, en cantidades apreciables, en un buen número de personas, como han demostrado las investigaciones de Nicolás Olea, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Los muestreos llevados a cabo en el Hospital Clínico de Granada revelan cómo en niños de 4 a 11 años, el DDE (uno de los productos originados a partir de la degradación del DDT e igualmente tóxico) está presente en casi un 50% de los individuos, y este porcentaje se dispara, hasta alcanzar el 93%, cuando se examina la presencia de este agente químico en adultos de entre 30 y 65 años.

Las cantidades que se han detectado no son muy elevadas pero, ¿cuál es la cantidad aceptable? "Si tuviéramos que determinar un valor normal en humanos para este tipo de sustancias la cantidad sería cero, porque, sencillamente, se trata de agentes artificiales que en ningún caso deberían estar presentes en nuestro organismo", explica Olea.

Al margen de los numerosos estudios que advierten de las graves alteraciones que estas sustancias causan en animales, el propio Olea ha demostrado la estrecha relación que existe entre el cáncer de mama y la ingesta de alimentos tratados con este tipo de pesticidas. También ha encontrado una clara correlación entre el consumo de algunas de estas sustancias en zonas agrícolas andaluzas y la incidencia, en niños, de alteraciones testiculares como la criptorquidia.

En estas circunstancias, concluye Olea, "hay que aplicar el principio de precaución, es decir, aunque no tengamos evidencias absolutas es necesario disminuir la exposición a estos agentes químicos si las consecuencias que se suponen son importantes, afectan a poblaciones especialmente sensibles y los efectos se dilatan en el tiempo". Pero este principio no parece fácil de admitir por los gobiernos mientras "el afectado sea el que tenga que demostrar el daño, y no el fabricante el que se vea obligado a demostrar, de manera fehaciente, la inocuidad del producto".

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