Inflación 4, Gobierno PP 0 (otra vez)

Cuando en octubre de 1982 se forma el primer gobierno socialista se encuentran con una tasa de inflación del 13,82%. Cuando en marzo de 1996 el PP gana las elecciones, el ministro Solbes pasa el testigo a su sucesor, Rodrigo de Rato y Figaredo, de una inflación situada en el 3,4%. O sea, en 161 meses los gobiernos socialistas consiguieron una reducción de 10,4 puntos. Los populares, por contra, en 81 meses de gobierno no sólo no han conseguido arañar una sola décima a la tasa de inflación que recibieron en 1999, sino que no han podido evitar su incremento hasta el reciente y preocupante 4%.

Un 4% que, por otra parte, ya viene medido en el IPC desde febrero del año pasado con una nueva metodología que, siguiendo las líneas del llamado Informe Boskin, intenta corregir la sobreestimación del IPC. O sea que para que la comparación con las cifras de años anteriores fuese homogénea habría que sumarle entre un 0,5% y un 0,8% adicional.

Frente a este problema, que sólo desde hace unos meses es reconocido por el gobierno -sólo por una parte de equipo económico- como el principal de la economía española, la táctica del PP ha sido la habitual: primero ignorarlo, hablando incluso de "un claro control de la inflación"; luego falsearlo atribuyéndolo a una secuela lógica de nuestro mayor crecimiento; luego minimizarlo; después buscar un culpable ajeno a ellos que, como en este caso no podía ser la herencia socialista, pasaron a ser los empresarios que incrementaban excesivamente sus márgenes o la política monetaria europea, por no hablar de los socorridos incrementos en el precio de los carburantes, que también afectan por igual a Alemania o Francia lo cual no impide que nuestra inflación casi cuadruplique y duplique, respectivamente, la de ellos.

Ahora estamos en la fase de aceptación de los hechos, con años de retraso y no sólo con una carencia absoluta de políticas específicas al respecto sino con una preocupante división gubernamental al respecto entre los equipos de Economía y Hacienda. Así mientras Rato propugna que en una unión monetaria el único instrumento disponible para contener las presiones inflacionistas es la política presupuestaria restrictiva, el inefable Cristóbal Montoro no se ha cansado de presentar los presupuestos para este año como unos presupuestos expansivos por su carácter fuertemente inversor y porque contienen una bajada de impuestos. En otras palabras mientras Rato pide una política presupuestaria restrictiva para combatir la inflación, Montoro le sirve ración doble de política expansiva, vía gasto y vía impuestos. Mientras Rato condena públicamente a aquellos países que tratan de acelerar la coyuntura a través del gasto público, Montoro le ofrece unos presupuestos que, según sus palabras, son un instrumento para estimular el crecimiento económico.

Pero es que, además, mientras que desde Economía -Rato y Guindos- se reconoce, en una valoración sesgada a la baja, que la subida de impuestos indirectos del pasado año ha supuesto un incremento de la inflación de medio punto, Montoro afirma que no se puede hablar de relación entre subida de los impuestos indirectos y la inflación. Inflación que, eufemísticamente, califica como "fenómeno transitorio de alza de precios". Estas cuestiones no son meras anécdotas. Es muy serio que en el seno de un mismo gobierno existan posturas tan discrepantes, máxime cuando una de ellas es la de todo un vicepresidente segundo y Ministro de Economía, que a lo que parece o no quiere o no puede utilizar su posición jerárquica para dirimirlas. Lo cual debería obligar al inquilino de la Moncloa a intervenir, aunque parece que en materia de tanta importancia el gobierno no sólo está con el síndrome del pato cojo sino que ha pasado al síndrome del pato ausente.

Aparte de la merma directa que supone para nuestra capacidad adquisitiva -la inflación acumulada sólo desde 1999 ronda el 14%- y para nuestros ahorro -el 74% del ahorro de los españoles está en pérdida real, o sea se le retribuye menos de lo que sube la inflación- y al margen de que Montoro, en su bulimia fiscal, nos cobra hasta un impuesto sobre la inflación porque llevamos años sin que se actualice, deflactando, la escala del IRPF ¿cuánto supone este descontrol gubernamental para la economía española?

Pues en concepto de actualización de las pensiones, 2.071 millones de euros. En concepto de revisiones salariales -pese a la más que manifiesta y sensata moderación sindical- rondará los 2.500 millones de euros. Por hablar sólo de magnitudes directamente cuantificables. Porque la competitividad española está en caída libre: hemos retrocedido 5 puntos en 5 años frente a la zona euro, medido en el diferencial de precios relativos reales. Tenemos además la mayor caída de toda la Unión Europea en cuanto a comercio exterior. La cuota de mercado de nuestras exportaciones a nivel mundial ha descendido al 1,8%, una décima sólo por encima de la que teníamos en 1993. Y, para mayor preocupación, todo ello se junta con una productividad que está retrocediendo, según la Comisión Europea, desde 1996, situándose en estos momentos en un 65% de la de los EEUU y siendo, junto con Grecia y Portugal, la más baja de la UE.

No es extraño que la CEOE y los sindicatos expresen su honda preocupación, pero ¿qué hace el gobierno frente a esto, además de echar gasolina tributaria a la hoguera de la inflación? Ocupados en la sucesión y las consiguientes intrigas palaciegas y enfrascados en camuflar su tremendo fracaso en materia de seguridad ciudadana jugando ahora a sheriffs del condado, no parecen tener ni tiempo, ni ideas, para abordar lo que Rato ya califica como el principal problema de la economía española.

Un problema que, por desgracia, no parece que vaya a reducirse sensiblemente. La política de tipos de interés del Banco Central Europeo no es la más favorable para un país con una inflación como la nuestra y, conforme aumenten los problemas alemanes, puede tener aún más efectos expansivos en España. La política fiscal en el 2003 ya hemos visto que será netamente expansiva tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, que se van a disparar más de lo presupuestado al socaire de las alegrías electoralistas, hipotecando todavía más el futuro porque no se dirigen precisamente a aumentar la productividad.

Que la divina providencia nos ampare hasta después de las elecciones generales porque a todas las carencias e inacciones habituales ahora parece que va a imperar en el gobierno el "efecto Zaplana" y su única guía de conducta: después de mí, el diluvio.

Segundo Bru es Catedrático de Economía Política y senador socialista por Valencia.