Real de Montroi recurre la orden judicial del caso del vertedero
El Ayuntamiento de Real de Montroi interpuso ayer un recurso de reforma contra la decisión del juez de Picassent José Fenollosa, que el viernes ordenó dejar "en suspenso" la señal de tráfico que impedía el acceso al vertedero de los vehículos cargados con residuos tóxicos. El juez reflejó en su orden que "el vertedero continúe su actividad" y apercibe a la alcaldesa, Carmen Ocaña, de que incurriría "en un delito de desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento". Ocaña retiró la Policía Local del camino rural Albaidars que permite el acceso al vertedero, el pasado viernes, tras recibir la orden judicial. Sobre este auto y sus consecuencias informó la Corporación local a cerca de un centenar de vecinos que el viernes por la noche abarrotaron el salón de sesiones.
El asesor jurídico municipal se mostró "sorprendido" por la "rapidísima e inusitada resolución" del juez de Picassent. El magistrado se basó en el atestado instruido por la Guardia Civil de Llombai tras la denuncia presentada por la empresa que gestiona el vertedero. La firma VER, SL, aportó un auto del TSJ en el que consideró que "no era operativa" la señal de tráfico. El letrado municipal advirtió de que "la señal ha dado mucho de sí" ya que durante un año ha evitado el tránsito de camiones, e hizo ver a los asistentes que el juzgado "no ha entrado en el fondo del asunto" ya que el debate "es la reanudación o no de la actividad".
El Ayuntamiento cuenta con varios frentes para evitar la reapertura de las instalaciones, entre ellos el inicio del procedimiento de desahucio de los terrenos, tras vencer el contrato de arrendamiento de las parcelas, que son de propiedad municipal. Y sus representantes insisten en que tras agotarse el primer depósito necesita conseguir de la Generalitar la declaración de Interés Comunitario para comenzar los vertidos en un segundo vaso.
