El Gobierno aprueba el "Código Penal de la seguridad" ante el aumento de la criminalidad

El Consejo de Ministros aprobó ayer una profunda reforma del Código Penal que el Gobierno socialista sacó adelante en 1995. La nueva norma, a la que el ministro de Justicia, José María Michavila, califica de "Código Penal de la seguridad", altera 175 artículos de los 639 vigentes.

La iniciativa legislativa tiene como meta acabar con la impunidad que los delincuentes encuentran en el vigente Código Penal, según el PSOE. Para lograrlo, se endurecen numerosas penas y se tipifica como delito la acumulación de cuatro faltas de hurto o lesiones cometidas en un año. Una sóla agresión doméstica también pasa a convertirse en delito y puede ser castigada con penas de prisión. La reforma obliga al juez a expulsar a los inmigrantes irregulares castigados con penas inferiores a seis años. Hasta ahora podía optar entre la cárcel o la expulsión.

La reforma legislativa modifica 175 artículos de los 639 del 'Código Penal de la democracia' aprobado en 1995

Crece la pena de alejamiento por violencia doméstica de 5 a 10 años, con la suspensión de las visitas a los hijos

La comisión de cuatro faltas de hurto en un año pasa de castigarse con arresto de fin de semana a prisión de 6 a 18 meses

El Gobierno plantea esta reforma tras el fracaso del Plan Policía 2000, que pretendía atajar los delitos que más alarma social crean en las grandes ciudades. En los últimos años, España ha sufrido un notable incremento de sus índices de criminalidad. El aumento se ha cebado en las grandes capitales. De forma paralela, las plantillas de las Policía Nacional y la Guardia Civil se han reducido.

Michavila justificó la profunda reforma del Còdigo Penal, a los ocho años de su aprobación por el Gobierno socialista, en que formaba parte del programa electoral del PP y en que este partido se abstuvo en 1995 en su votación en las Cortes porque "entendía que no iba a ser eficaz para lo que debía servir". Como ejemplo, el ministro ha insistido en la "ineficacia" de las penas de arrestos de fin de semana que estableció la normativa socialista. No obstante, señaló que "la reforma dará coherencia al Código Penal del 95, cuya arquitectura esencial se mantiene y se consolida".

El primer anteproyecto de ley orgánica de medidas de seguridad ciudadana, violencia doméstica y derechos de los inmigrantes se complementa, según Michavila, con la entrada en vigor, en abril, de los juicios rápidos. La reforma persigue, entre otros objetivos, evitar que queden impunes quienes son detenidos de forma habitual por pequeños hurtos. Quienes cometan en el plazo de un año cuatro faltas de hurto, sancionadas hasta ahora con arrestos de 8 a 24 fines de semana -"que no se cumplen", según Michavila-, serán condenados con prisión de 6 a 18 meses. Lo mismo ocurrirá con la reiteración de cuatro faltas de lesión en el plazo de un año, que se considerará delito con la condena de 3 a 6 meses de cárcel, y con la comisión de cuatro faltas por sustracción de vehículos de motor.

La reincidencia constituye un agravante cualificado, según la reforma. De modo que cuando un delincuente sea condenado por tres delitos de la misma naturaleza, el cuarto se podrá sancionar con la pena superior en grado. Esto se traduce en que si antes la pena prevista era de seis meses a tres años, podrá ser ahora de tres años a cuatro años y tres meses.

El nuevo Código Penal también endurecerá drásticamente las penas por violencia doméstica. Cualquier agresión aislada que antes se contemplaba como falta, ahora será delito. En consecuencia, las conductas, que el actual Código al calificarlas como faltas están castigadas con arresto de 3 a 6 fines de semana, al elevarlas a delito supondrá que se penarán con prisión de 3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad.

Se duplica la duración de la pena de alejamiento por violencia doméstica de 5 a 10 años y conlleva la suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia con los hijos hasta que se agote la duración de la pena.

Asimismo, los inmigrantes ilegales condenados a menos de seis años de cárcel por la comisión de un delito podrán ser expulsados de España y no podrán regresar en 10 años.

La reforma sustituye penas "que se han demostrado ineficaces", según el Gobierno, y agrava penas por la comisión de otros delitos. Las nuevas realidades delictivas tipifican 14 nuevos delitos como el maltrato de animales domésticos, la violencia en el deporte, la sustracción de teléfonos móviles y la piratería.

Otros delitos amplian su ámbito de protección como los relativos a pornografia infantil, acoso sexual, blanqueo de capitales, falsificación de moneda, etc. Asimismo, endurece la persecución del narcotráfico al aplicarse las agravantes a un mayor número de casos, entre ellos, el de la utilización de menores de 18 años o disminuidos físicos para cometer estos delitos o si se hiciese uso de las armas. Incorpora la responsabilidad de las sociedades cuando quien comete determinados delitos las utiliza como tapadera.

Se suprimen los arrestos de fin de semana que son sustituidos por prisión, multas, trabajos en beneficio de la comunidad o la localización permanente.