Las reformas legales, paso a paso

La pena por tráfico de personas, ahora un delito menor castigado con un máximo de tres años, se elevará hasta a 10 años con agravantes si se trafica con menores. Se impedirá regresar a España durante 10 años a los expulsados tras delinquir. Además, se modificará el título III del Código Penal, que regula los delitos de lesiones, para que la ablación sea un delito específico y se reformará el Código Civil para que puedan acogerse a la regulación española sobre separación y divorcio aquellos inmigrantes que no puedan hacerlo en sus países de origen.

El cambio estrella en esta ofensiva del PP por la ley y el orden consiste en elevar a categoría de delito la acumulación de cuatro faltas -como golpear o maltratar a alguien sin causarle una lesión, amenazar con una arma o un objeto peligroso en una riña, todos los hurtos de menos de 50.000 pesetas, propios de carteristas y tironeros de bolsos, los destrozos de mobiliario urbano o las pintadas, abandonar jeringuillas en parques o lugares públicos, llevar sueltos a animales feroces o dañinos, faltar al respeto a la autoridad de los agentes de policía o conducir un coche sin seguro obligatorio-.

El primer Consejo de Ministros el año ya aprobó el anteproyecto de ley para el cumplimiento íntegro de las condenas por terrorismo y otros delitos de especial gravedad, que eleva a 40 años de cárcel la pena máxima.

La reforma del Código Penal las vías para decomisar el total de beneficios obtenido por el narcotráfico, aunque éste se oculte en compañías legales: es suficiente que esa empresa tapadera esté ligada al delincuente para que sea responsable patrimonial con todos sus beneficios. El dinero decomisado engrosará un fondo ya existente y que gestiona el Plan Nacional contra la Droga. La novedad es que ese fondo deberá financiar los planes de rehabilitación de los drogadictos condenados que opten por redimir su condena con un tratamiento de rehabilitación en un centro interno.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros permitirá a los jueces decretar la prisión preventiva para los imputados por violencia doméstica. La medida también podrá aplicarse cuando los imputados quebranten una orden de alejamiento. La reforma legal facilitará a los jueces dictar prisión provisional a los autores de delitos castigados con menos de dos años de cárcel.

La reforma ampliará las penas y los supuestos de delito de pornografía infantil que, según subrayó ayer Aznar, "con toda la razón conmueve a la sociedad". Ahora están castigados con pena de prisión de uno a cuatro años, tal como lo recoge el artículo 187.

Se elevará la sanción por los delitos de acoso sexual. Ahora la pena es de arresto de seis a doce fines de semana (artículo 18).

El control de los imputados por este motivo que se vean obligados a alejarse de los campos lo ejercerán las autoridades a través de pulseras electrónicas similares a las que se han propuesto para los acusados por maltrato a mujeres.

Ahora el maltrato de animales domésticos es una falta regulada en el artículo 63. Pasará a ser un delito tal como se ha pedido, reiteradamente, en proposiciones no de ley discutidas en el Congreso de los Diputados a iniciativa, principalmente, del PSOE y de CiU.

Se reforzarán las penas en los delitos contra la propiedad intelectual. Ahora su castigo está recogido en el artículo 270 del Código Penal: de seis meses a dos años. Aznar justificó este cambio porque "los delitos contra la propiedad intelectual dañan gravemente a las industrias culturales y a los legítimos derechos de autores, artistas y productores".

La reforma del Código de 1995 tipificará como delito la manipulación de teléfonos móviles robados. Según Aznar, "las familias españolas tienen hoy 32 millones de teléfonos móviles" cuando sólo había 300.000 en 1996, fecha de llegada del PP al poder. "Se trata de acabar con la plaga del robo de móviles", dijo.