Barcelona amenaza con llevar a la Generalitat a los tribunales por incumplir la Carta Municipal

Próximo paso, los tribunales. Ernest Maragall, portavoz del Ayuntamiento de Barcelona, anunció ayer la presentación de un recurso contencioso administrativo para exigir al Gobierno catalán que cumpla las leyes promulgadas por el Parlament en lo referente a la Carta Municipal y traspase al Ayuntamiento los recursos que establece la ley. La actitud del Ejecutivo, dijo Maragall, "es una afrenta y un ataque a la ciudadanía de Barcelona".

La Carta Municipal tiene dos tramos. Uno, ya aprobado en el Parlament, suponía determinados acuerdos y transferencias en materia de urbanismo, sanidad, educación, vivienda, cultura, deportes y servicios sociales. El otro, depende de que se modifiquen leyes de ámbito estatal, está pendiente de lo que acuerde el Congreso de los Diputados, aunque el PP ya ha anunciado que no lo ve claro pese a que sus concejales votaron a favor en Barcelona. El Parlament aprobó la ley en 1998 y más de cuatro años después, dijo ayer Ernest Maragall, está "intolerablemente lejos de su desarrollo práctico". Fuentes del Gobierno catalán justificaron ayer los retrasos en las discrepancias entre ambas administraciones sobre el procedimiento a seguir.

El mayor incumplimiento se produce en el ámbito de los servicios sociales. Las transferencias en materia de sanidad "sólo ahora se ponen en marcha", según Maragall; las de educación están bloqueadas y en los ámbitos de cultura y deportes, los vaivenes del Gobierno catalán son de tal calibre, en opinión del concejal, que ni se sabe cómo están las cosas; en cuanto a la vivienda, se ha creado un consorcio, cuyos estatutos han tenido que ser ya modificados y no funciona porque "el Gobierno catalán no ha nombrado a sus representantes".

La mayor queja se refiere a los servicios sociales, un área, explicó Maragall, donde se esperaban los mayores cambios y en la que el Gobierno catalán, "por ley del Parlament", tenía que haber realizado transferencias de funcionarios, equipamientos y servicios. "Ni está constituido el consorcio ni se han hecho las transferencias que marca le ley", dijo Maragall. El resultado es que Barcelona recibe para servicios sociales 107 millones de euros y debería recibir 240.

La pasividad del Gobierno catalán, dijo Maragall, "es una afrenta y un ataque a la ciudadanía de Barcelona. No podemos seguir callando y no seguiremos esperando. Si no nos responde por las buenas, iremos a los tribunales, porque las leyes están para cumplirlas". "Al Ayuntamiento de Barcelona, a los ciudadanos de Barcelona, no se les puede tratar así", prosiguió. "Estamos obligados a reclamar los derechos de los barceloneses reconocidos por el Parlament. Estoy hablando de una actuación a muy corto plazo. Como mucho, semanas", precisó. El proceso está ya decidido: un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ernest Maragall aseguró que desde el principio habían sugerido que el Gobierno catalán iba a incumplir las partes de la ley relativas al traspaso de competencias al Ayuntamiento de Barcelona. "Me decían que el Ejecutivo no cedería jamás nada si hacerlo suponía la pérdida del control sobre determinados recursos y el contacto con determinados grupos de población. Nunca he querido creerlo, pero tal como van las cosas tendré que empezar a pensar que es así y que se actúa de este modo sólo por cuestiones de partido, despreciando los perjuicios que puedan acabar sufriendo los ancianos, los desvalidos y las poblaciones beneficiarias de estos servicios".

El Gobierno catalán tampoco cumple la ley en materia de cultura y deportes, afirmó, tras calificar ambas áreas de "cuestión menor". En cultura, no se ha constituido el Consejo del Patrimonio Cultural, que tiene que discutir y analizar lo relativo a los museos que superen el ámbito urbano y las inversiones que se realizan con el 1% que se destina a cultura en los presupuestos de obras públicas. Maragall aseguró que ignora los motivos.

En deporte, la situación es diferente. En los últimos años el responsable de la secretaría ha cambiado varias veces. Se produce un acuerdo y cambia y vuelta a empezar. La última noticia, dijo, es que el actual no quiere traspasar al Ayuntamiento las instalaciones "aunque lo diga la ley".