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Editorial:

Prohibido protestar

El fiscal general del Estado ha ordenado al de Galicia iniciar una investigación en relación a la denuncia presentada por un autodenominado sindicato de funcionarios contra Nunca Máis, la plataforma que ha encauzado la protesta ciudadana gallega por la catástrofe del Prestige. La Fiscalía cierra así un círculo iniciado por propagandistas del Gobierno, incluyendo medios públicos, que lanzaron insidias sobre la utilización de los fondos recaudados por esa plataforma. Esas insidias siguieron a la campaña destinada a presentar a Nunca Máis como una pantalla del BNG, y a este partido, segundo en votos del Parlamento gallego, como una fuerza antisistema.

El supuesto sindicato denunciante, denominado Manos Limpias, es una creación de Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, especializado en la presentación de denuncias contra partidos, sindicatos, jueces, políticos o particulares, por las más variopintas causas. Han habido otras personas que han buscado notoriedad con el mismo método, aunque en general sus iniciativas han sido archivadas a la primera. Lo singular de este caso no es sólo que se lo haya tomado en serio el fiscal general, Jesús Cardenal, sino el encadenamiento de hechos que va de la aparición de maledicencias en medios deseosos de complacer al Gobierno a esa intervención de la Fiscalía.

Nunca Máis ha explicado el destino dado a los fondos recibidos en las cuentas abiertas para financiar sus iniciativas. Son cantidades, como ha dicho uno de sus portavoces, el escritor Manuel Rivas, que no llegarían para pagar una cacería de las que les organizan a algunos ministros. Las insinuaciones de algunos medios fueron elevadas a la categoría de informaciones -sin posibilidad de réplica-por la televisión pública y esas informaciones, a pruebas por el acusador. Lo extraordinario es que el fiscal siga la rueda. Su argumento de que lo mismo ha hecho con otras acusaciones presentadas en relación a la crisis del Prestige tiene poco peso. Antes de ordenar la investigación Cardenal debería haber averiguado si la denuncia es fundada y no un montaje al servicio de la campaña de descrédito lanzada por el Gobierno contra Nunca Máis.

Lo que está en cuestión con esta desgraciada iniciativa es el derecho a protestar. La coacción contra quienes han encabezado la movilización es tan evidente como injustificada. Y ciega: ¿no comprenden los estrategas del Gobierno que identificar una protesta tan popular y plural con un partido concreto es el mayor favor que podían hacer a ese partido?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de enero de 2003