El Gobierno trasladará a 44 inmigrantes rumanos irregulares de Sevilla a centros de Málaga y Murcia
Cuarenta indocumentados quedan en libertad por tener menores a su cargo
Fuentes judiciales informaron ayer de que el Gobierno trasladará a 44 de los 84 inmigrantes irregulares que residían en un asentamiento chabolista a las afueras de Sevilla, en su mayoría rumanos, a centros de internamiento de Málaga y Murcia. Los 40 restantes fueron puestos en libertad por tener menores a su cargo. Mientras, el Ayuntamiento de Sevilla comenzó las gestiones para realojar al resto de habitantes del poblado, unos 70, todos con la documentación en regla; una operación que tardará, como mínimo, entre siete y diez días. Una vez completado su traslado, y previa autorización judicial, la empresa municipal de limpieza, Lipasam, abordará el derribo de las chabolas.
A todos los rumanos en situación irregular, 84 personas, se les ha abierto ya expediente de expulsión. De los 44 casos pendientes de traslado a los centros de internamiento de Málaga y Murcia, el juez sólo había ratificado a última hora de ayer una decena. Los inmigrantes serán repatriados "en un plazo tan breve como sea posible", según explicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. La hora de viaje de los rumanos depende de la agilidad en las resoluciones judiciales.
Situación peculiar
El resto, otro grupo de 40 personas y con menores a su cargo, recibirá "un tratamiento individualizado para no romper la estructura familiar". Pese a que la voluntad del Gobierno es repatriarlos también en cuanto se les tramiten los expedientes correspondientes, estos inmigrantes quedan ahora en una situación peculiar. Al quedar en libertad, no se les pueden controlar ni vigilar los movimientos, ni volver a detenerles, y quedan fuera del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Sevilla con la Delegación del Gobierno para buscar alojamiento a aquellos que tuvieran documentación válida. En cuanto a los menores del grupo, sí queda en pie la obligación de la Junta de Andalucía de atender sus necesidades sanitarias y educativas.
Respecto a los que sí tenían su documentación en regla, la delegada municipal de Bienestar Social, Piedad Bolaños, cuyo departamento se ha hecho cargo de su realojo, aseguró ayer que confía en tener una solución en el plazo de una semana o diez días para un primer grupo.
Bolaños explicó que el próximo martes llevará a la comisión de Gobierno del Ayuntamiento, por vía de urgencia, la aprobación de un convenio con Accen, una organización especializada en la atención a inmigrantes rumanos para la creación de dos pisos de acogida tutelados. Las dos viviendas, cuya financiación compartirá la Junta, podrían acoger a 20 personas como máximo.
La cifra total de inmigrantes a los que Bienestar Social atenderá no se conocerá hasta el lunes, cuando la Junta facilite datos definitivos de las personas que aún quedan en el asentamiento. Según los datos de la Delegación del Gobierno, en el asentamiento chabolista quedan 23 personas con permiso de residencia y otras 27, 18 adultos y nueve menores, que están en trámite de regularización.
No obstante, a lo largo de la mañana de ayer visitaron el asentamiento diversos técnicos tanto de las consejerías de Asuntos Sociales y Gobernación, como del propio Ayuntamiento de Sevilla, y advirtieron que la cifra de residentes en el poblado era mayor de la que esperaban. También comprobaron que había más niños que los 12 que ellos esperaban encontrar según los datos recibidos de Delegación del Gobierno.
A los que no quepan en los dos pisos municipales, habrá que buscarles acomodo en algún albergue privado, según explicó ayer Bolaños, que también dijo que el Ayuntamiento de Sevilla contactará con el de Camas para comprobar "si disponen de algún centro donde acoger a algunos inmigrantes".
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