Bio-despropósito

Con fecha 6 de noviembre de 2002, la Comisión Europea (CE) ha notificado al Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), que ha decidido plantear ante el Tribunal de Justicia de la CE un recurso por incumplimiento del derecho comunitario, en el asunto de la liberalización del vocablo bio. Esta decisión es fruto de un procedimiento de denuncia empezado por el CAAE.

La publicación del Reglamento (CE) 1804/1999, de 19 de julio de 1999, por el que se completa, para incluir las producciones animales, el Reglamento (CEE) 2092/1991, de 24 de junio, sobre producción agrícola ecológica, ha supuesto la inclusión, dentro de la protección de la Indicación "Agricultura Ecológica", expresamente los prefijos en uso (bio, eco, ...). Por lo tanto, desde el año 1991, corroborándose expresamente en el año 1999 a través del Reglamento antes señalado, los términos biológico y orgánico, así como el vocablo bio han sido reservado por la normativa comunitaria a los productos de agricultura o ganadería ecológicas.

Con fecha 26 de mayo de 2001, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E nº 126, pg. 18.609), el Real Decreto 506/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre Producción Agrícola Ecológica y su Indicación en los Productos Agrarios y Alimenticios. Su artículo único modifica, entre otros, el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, permitiendo el uso de las palabras biológico y orgánico, así como el vocablo bio, a productos agroalimentarios con independencia de que sean o no ecológicos, violando frontalmente la normativa comunitaria antes aludida. La publicación de este Real Decreto 506/2001, ha sido muy perjudicial para el sector de la agricultura y ganadería ecológicas, que ha visto como buena parte de los términos que servían para reconocer un producto ecológico, hoy por hoy y gracias a la norma aludida, pueden ser usados por cualquier tipo de productos. Al contrario que en el resto de Europa, que se sigue manteniendo la protección de estos términos para designar un producto alimenticio ecológico.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, defendió hace unos días en Salamanca, la liberalización por parte del Gobierno de los términos biológico, orgánico y el vocablo bio, señalando que beneficia al consumidor y no perjudica al sector (¿pero en que lo beneficia?). Sobre la denuncia que Bruselas interpondrá por éste asunto, Cañete dijo que se ventilará "ante los Tribunales de la UE".

La irresponsabilidad de esas manifestaciones son evidentes, pues el Real Decreto que liberaliza estos términos fue rechazado de plano por todo el sector representado por la CRAE, donde se encuentran productores, elaboradores, consumidores y Administración autonómica. No se puede entender el interés del ministro para ir contra todo un sector agroalimentario y de incluso la normativa comunitaria y la propia Comisión Europea.

Las directrices políticas de la Unión Europea están en la línea de apoyar la agricultura sostenible, dentro de la cual la agricultura ecológica es parte principal. La Administración debe entender que estamos ante un problema de vital importancia para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica, pues se están negando el uso de sus propias señas de identidad establecidas para todos por la Unión Europea. Y deberíamos preguntarnos cual ha sido el motivo u la razón que ha llevado al Gobierno, haya hecho oídos sordos a todo un reglamento comunitario (de obligado cumplimiento para los Estados miembros) y permitir que se establezca esta confusión en los mercados.

Con esta situación creada, se va a dar la paradoja de que los operadores de agricultura y ganadería ecológicas, se van a convertir en competidores de empresas cuyos productos no se adecuan a las exigentes normas comunitarias, que podrán vender los mismos como ecológicos sin serlos, sin costes adicionales y sin cumplir la normativa comunitaria que posibilita el uso del vocablo bio. Se mezclarán productos bio de agricultura y ganadería ecológicas con otros productos bio que no lo son, produciéndose una evidente confusión de estos signos distintivos por parte de empresas con distinto proceso de producción y elaboración, pero sin embargo equiparadas injustamente en el mercado. Y esta situación es de evidente competencia desleal.

Todo esto demuestra una vez más el poco interés que hay en algunas esferas de la Administración para no favorecer el desarrollo de la Agricultura Ecológica. El Ministerio de Agricultura no tiene en cuenta 25 años de trabajo de cientos de miles de agricultores y medianas empresas y da la espalda a un sector agrario en plena expansión, incluso a pesar de lo que dice la Unión Europea. Sus razones tendrá.

Francisco Casero Rodríguez es presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.