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Editorial:

Espacios sin humo

Ninguna crítica de fondo cabe hacer a las políticas públicas tendentes a restringir el consumo de tabaco y a prevenir sus efectos. En este sentido, no son cuestionables los objetivos fijados de aquí a 2007 en el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo, acordado por el Gobierno y las comunidades autónomas: liberar de humo los espacios de convivencia públicos, incluidos los centros de trabajo, haciendo recular a los fumadores a zonas específicas donde cultivar su vicio, y establecer toda una serie de medidas disuasorias y preventivas para retrasar lo más posible el acceso de los jóvenes al consumo de tabaco.

Esta ofensiva integral contra el tabaco, para sustituir a las políticas de parcheo practicadas hasta ahora, sintoniza con las directivas de la Comisión Europea sobre la materia, la última de las cuales obliga en el ámbito de la UE a prohibir antes de 2005 toda clase de publicidad sobre el tabaco en los medios de comunicación. La justificación de esta ofensiva es sólida: garantizar el derecho a la salud pública de la población e impedir que terceras personas no fumadoras sean intoxicadas contra su voluntad por quienes asumen el riesgo individual, en el ejercicio de su libertad, de intoxicarse placenteramente con el humo de su cigarrillo. Pero siendo legítimo tal objetivo, hay que huir de confundirlo con cualquier amago de criminalizar al fumador. Se trata de impedir, por ley, que el fumador haga fumar a su prójimo, y de disuadirle de fumar. No de prohibírselo.

Ninguna política prohibicionista basta para erradicar por sí sola un hábito practicado por el 27,2% de las mujeres españolas y por el 42,1% de los hombres. Una parte importante de los fumadores desea dejar ese hábito en algun momento, por lo que es indispensable que las administraciones pongan a su disposición programas de deshabituación gratuitos. El plan aprobado se muestra muy impreciso en esta materia, ya que no concreta la aportación del Estado -que obtiene sustanciosos beneficios fiscales del tabaco- a la financiación de estos programas de desintoxicación, cuya puesta en práctica corresponde a las comunidades autónomas. Los buenos programas no bastan si no van acompañados de planes de gasto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de enero de 2003