Chaves dice que el desalojo del asentamiento de inmigrantes rumanos fue una "decisión acertada"

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, calificó ayer de "decisión acertada" el desalojo de un asentamiento de inmigrantes de origen rumano que efectuó la policía de Sevilla en las primeras horas de la mañana del pasado martes. El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, aseguró que el Ejecutivo central ya les había comunicado en noviembre que preparaba, en cooperación con la policía rumana, un operativo para identificar a las alrededor de 150 personas que malvivían bajo un puente de la autovía entre Sevilla y Huelva. La Delegación del Gobierno informó del desalojo a la Junta, Ayuntamiento de Sevilla y Defensor del Pueblo un par de horas después del inicio de la espectacular intervención policial.

El presidente del Ejecutivo andaluz aseguró que tanto la Delegación del Gobierno, como los ayuntamientos de Sevilla y Camas, el Defensor del Pueblo Andaluz o la propia Junta habían hecho "lo debido" en relación con el asentamiento chabolista ubicado bajo el puente del Patrocinio. Chaves aludía así a la reunión mantenida por estos mismos protagonistas el pasado 3 de diciembre en la que se acordó elaborar un censo de los habitantes del citado asentamiento. El presidente andaluz sostuvo ayer que el citado asentamiento se había convertido en un "foco de infecciones y epidemias y era necesario acabar con las condiciones de insalubridad".

Por su parte, el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo,otro de los participantes en la reunión del pasado 3 de diciembre, opinaba de manera radicalmente opuesta. Chamizo calificaba ayer el desalojo de "barbaridad" y se sentía traicionado por la Delegación del Gobierno, ya que insistía en que en el citado encuentro de trabajo se habló de elaborar un censo y que nunca sospechó que éste se iba a realizar de una manera tan expeditiva con 131 detenciones y una intervención policial con helicóptero y unidades caninas y ecuestres incluidas.

El consejero de Gobernación tampoco se mostraba muy de acuerdo con el modo en el que se realizó la operación, aunque, al igual que Chaves, no discrepaba sobre su pertinencia. Perales aseguró que la Junta tuvo conocimiento de los preparativos del operativo policial hace ya algunos meses por voz del secretario de Estado de Inmigración, Ignacio González , con el que se reunió en dos ocasiones -el 26 de septiembre en Madrid y el 20 de noviembre en Sevilla-. Según el titular de Gobernación, el Ejecutivo central les aseguró que la operación se había diseñado con la colaboración de la policía rumana.

Por otro lado, a las 13.00 horas de ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, José Ignacio Zoido, se reunió ayer con representantes de todas las instituciones participantes en la reunión del 3 de diciembre, con la única excepción de Chamizo que se excusó por carta aduciendo problemas de agenda. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Zoido ofreció las últimas cifras oficiales sobre el operativo. Así, según el Gobierno, la población total del asentamiento chabolista era de 150 personas. De éstas, 131 fueron trasladadas en la mañana del martes a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla para proceder a su identificación. Entre los detenidos en un principio había 115 adultos y 16 menores. 86 de los adultos quedaron finalmente retenidos en dependencias policiales. Dos salieron en libertad al tener ya fijada una fecha para su salida de España que aún no había prescrito; cinco tenían expedientes pendientes de expulsión; cuatro habían recurrido esta situación y a los 75 restantes se les comenzaron a incoar estos expedientes ayer mismo. De entre todos ellos, tan sólo una persona tiene cuentas pendientes con la Justicia española.

En lo que respecta a los menores, una decena tiene menos de dos años y permanecen junto a sus madres, cinco regresaron con familiares al asentamiento y uno, de 17 años, quedó bajo tutela de la Junta después de que nadie lo reclamara.

A partir de hoy comenzará el traslado de personas hacia los centros de internamiento de inmigrantes. En un principio, a aquellos que tengan hijos se les incoará el expediente de expulsión aunque no se ejecutará de inmediato al carecer estos centros de alojamientos adecuados para menores. Así, serán unos 50 los inmigrantes que finalmente abandonarán Sevilla en las próximas horas hacia Málaga, Madrid o Murcia.