El chapapote económico

El cierre del año 2002 con una inflación del 4% -casi el doble de la media europea y cuatro veces la inflación de Alemania- certifica la continua pérdida de competitividad de la economía española. La pasividad del Gobierno ante este problema lleva a caer en la tentación de compararla con el hundimiento del Prestige. Es verdad que la pérdida de competitividad se debe, en parte, a un aumento de demanda provocado por los bajos tipos de interés y que el Gobierno no es responsable de ello, como no lo fue del accidente del Prestige. Pero sí es culpable de la falta de reacción ante lo que era un problema evidente, por no haber utilizado ni las políticas compensatorias de demanda, ni las políticas estructurales que están en su mano.

La pérdida de competitividad debe mucho al fracaso de las falsas liberalizaciones que se dedicaron exclusivamente a la privatización de las empresas sin avanzar en la competencia en los mercados. En lo que respecta a los cambios en la legislación laboral, debido a la torpeza en las formas con los sindicatos, no ha habido ningún avance en este campo en los últimos cinco años que sea digno de mención. Porque, si hubiera habido reformas estructurales, la política de reducción de impuestos y de expansión de gastos públicos extra- presupuestarios que se está aplicando actualmente, no habría sido tan perjudicial. Pero, dado que el Gobierno ha tirado la toalla en las reformas estructurales, el IPC deja a la vista la pérdida de competitividad que provoca su política presupuestaria.

Otro paralelismo con el Prestige es que el Gobierno no quiere que se hable de este problema. La ofensiva actual de Ley y Orden no viene sólo a encubrir el chapapote del Prestige, sino también el económico. En lo que se refiere a la economía, el Gobierno sólo habla del pasado. Habla de los millones de puestos de trabajo creados en el pasado, pero no habla del presente, del aumento del paro, del aumento de la inflación. Es casi seguro que el ministro de Trabajo no comparecerá para anunciar que el número de trabajadores despedidos en el año 2002 ha sido superior a los que se despedían cuando el PP accedió al Gobierno en 1996.

Pero hay otras características que diferencian el problema de la pérdida de competitividad de la catástrofe del Prestige. La primera es que el chapapote económico -la pérdida de competitividad- no es tan inmediatamente visible como el vertido del fuel. Peridis no puede dibujarla. Pero el día que el chapapote económico deje de ser invisible y emerjan sus efectos, entonces ya no servirán ni voluntarios ni el Ejército para remediarlo. El mar, con el tiempo, eliminará una buena parte del fuel. Sin embargo, cuando ya sean evidentes los síntomas de pérdida de competitividad -la caída en el crecimiento, el aumento del déficit público, etcétera-, no habrá posibilidad de corregir sus consecuencias en el corto plazo. Por todo ello, se hace necesario abrir en España un debate sobre la competitividad, y es necesario hacerlo ahora porque las medidas de aumento de competitividad requieren ser adoptadas con mucho tiempo por delante. El informe de la Comisión Europea presentado ayer es una fotografía más del fracaso de la política económica en lo que se refiere a productividad y a este fracaso no se le da la vuelta fácilmente.

El Gobierno ha olvidado que si la competitividad es siempre esencial para el crecimiento de una economía, mucho más lo es cuando se está en un área monetaria única. Las medidas de alegría electoral que va a aplicar este año, como la reducción de impuestos y el aumento de gastos extrapresupuestarios, añadidas al efecto de la reducción de tipos de interés, son equivalentes a la decisión de alejar el Prestige de las costas. En principio, el problema es menor; pero luego se agrava porque, al alejarlo, se pierde la oportunidad de reducir la dimensión de sus efectos. Como en el Prestige, los partidos de la oposición deberían pedir la creación de una comisión para estudiar la situación económica, sus consecuencias en el medio plazo y los remedios necesarios para que nunca más perdamos competitividad. Deberían impedir que, en economía, el Gobierno siga de cacería.