El proyecto de una tarjeta sanitaria única se pone en marcha sólo entre seis comunidades autónomas

El Ministerio de Sanidad sufrió ayer un revés al no conseguir el apoyo unánime de las comunidades autónomas para su proyecto de poner en marcha una tarjeta sanitaria única para toda España. Sólo Madrid, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Murcia (todas, del antiguo Insalud), además de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla firmaron la propuesta en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Otras tres comunidades (Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra) apoyaron la iniciativa, pero han decidido no firmarla hasta que reajusten sus sistemas informáticos. Por su parte, las autonomías gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Baleares), así como Cataluña y el País Vasco decidieron no sumarse a esta iniciativa por el momento.

Tras la firma del acuerdo, con una vigencia de un año prorrogable, la ministra agradeció a los consejeros de las comunidades que han apoyado la iniciativa por ingresar a sus autonomías en el "club de los ciudadanos de primera categoría, de todos los ciudadanos que se van a poder mover por España sin ningún tipo de trabas", informa Europa Press.

El objetivo del convenio es hacer compatible el uso y la información que contienen las tarjetas sanitarias expedidas por cada administración autonómica en todo el territorio español. El fin del acuerdo es, además de identificar a los beneficiarios del sistema, que la tarjeta sirva para que cada comunidad pueda cobrar del Fondo de Cohesión los servicios prestados a enfermos no residentes. También, de obtener un sistema de información epidemiológico que pueda ser explotado por todas las partes. "No se trata de crear una tarjeta única, con el mismo diseño, pero sí de que la información contenida en la banda magnética sea compatible en todo el Estado", comentaron fuentes del ministerio.

El PSOE fue al Consejo con su propio documento, en el que pedía que se "dotara de contenido" a la tarjeta. "La fórmula que se use tiene que ser un mecanismo moderno, como una base de datos virtual, y no un mero instrumento administrativo", afirmó ayer el consejero de Salud del Gobierno de Aragón, el socialista Alberto Larraz.

Entre las utilidades que proponían los socialistas, y cuyo rechazo ha sido motivo de que no firmaran el acuerdo, figura la de que un paciente o su médico puedan acceder al historial clínico si fuera necesario desde cualquier lugar de España, siempre con las suficientes garantías de confidencialidad. También que la tarjeta sirva, como en Andalucía o Cataluña, por ejemplo, para controlar la medicación que un usuario toma y controlar las recetas que un médico extiende, un aspecto muy importante, por ejemplo, en enfermos crónicos desplazados por periodos largos.

El PSOE defiende que la tarjeta incluya otros posibles usos, como facilitar cambios de médicos o solicitud de consultas mediante Internet.