Año nuevo, viejos problemas
Cada vez que comienza un nuevo año (y ahora estamos estrenando este 2003 que se nos ha venido encima entre chapapote, anuncios de huelgas y olas de frío), uno tiene la esperanza de que el año viejo se lleve consigo todo lo que nos resultó triste, desagradable, incómodo..., y que el año naciente venga cargado con sus propios problemas nuevos.
Sin embargo, el año nuevo comienza con los mismos viejos problemas que nos deparó el 2002. Casi sin respetar la tregua navideña, nuestros políticos vuelven a la carga con los mismos asuntos que ya tuvimos que soportar el año pasado. No es que yo pretenda que el cambio de año signifique un borrón y cuenta nueva que deje los problemas sin resolver, para plantear otros nuevos que, vista la capacidad resolutiva que tienen nuestros representantes, vuelvan a quedar sin resolver. Es que me estoy quejando de que nuestros gobernantes sean incapaces de resolver un problema en el plazo (que a mí se me antoja suficientemente amplio) de doce meses. Si estuviesen en la empresa privada, en la que el balance de pérdidas y ganancias depende mucho de la diligencia con que los dirigentes afronten y resuelvan los problemas, ya habrían sido despedidos hace tiempo la mayoría de nuestros políticos.
Es cierto y no seré yo quien lo niegue, que hay problemas cuya solución tarda meses en llegar, porque los procesos burocráticos son lentos (las cosas de palacio van despacio), o simplemente porque las cosas son así. Pero hay otros casos en que la tardanza en resolver los problemas sólo puede atribuirse a la incapacidad de los dirigentes para ponerse de acuerdo, o lo que es peor, a la mala intención de dejar sin resolver los problemas porque eso les beneficia políticamente o porque perjudica políticamente al adversario, que viene a ser lo mismo. Ésta es la actitud que están manteniendo el PSOE-A y la Junta de Andalucía, no le demos más vueltas. Y si eso se hiciese con los asuntos privados entre ellos, allá cada cual se las componga; pero la gravedad del problema está en que los perjudicados por esos tejemanejes de política rastrera somos todos los andaluces, y eso duele. Sé que debo ser como la voz que clama en el desierto, y que nadie hará caso de lo que digo... pero siempre queda el derecho al pataleo.
Viene todo esto a cuento de que siguen coleando algunos problemas viejos, entre los que destaca el tema de la reforma del sistema de protección social agraria como consecuencia del mal llamado "decretazo". Recordarán que el Gobierno de la nación planteó la pasada primavera la conveniencia de abordar una reforma en profundidad de diversos aspectos del mercado laboral, de algunos lastres necesarios de otras épocas, que sin embargo estaban (y están) dificultando el crecimiento económico y social de España. Y entre ellos, en lo que más nos afecta, proponía una reforma en profundidad del sistema de subsidios, concretamente, del subsidio agrario.
No seré yo, a estas alturas, quien niegue la importancia que el sistema de protección social agraria (sistema que, para los flacos de memoria, fue creado por la UCD, continuado por el PSOE y mejorado por el PP), ha tenido para Andalucía. Posiblemente, sin los fondos que tanto por la vía del PER como del subsidio agrario han venido a nuestra tierra durante todos estos años, no hubiera sido posible el gran desarrollo que durante la democracia hemos tenido. Otra cosa es que no haya sido suficiente, porque seguimos siendo la última Comunidad Autónoma de España en todos los indicadores económicos, de empleo, de bienestar social y de generación de riqueza. Pero ese es otro tema.
No creo que debamos seguir discutiendo sobre si ha sido bueno o no el sistema; ha sido, y punto. Lo que se plantea ahora es si debemos mantener un sistema pasivo de subsidio, o pasar ya a un sistema activo de formación e incentivos al empleo; es decir, si seguimos pagando por no trabajar, o condicionamos el pago del subsidio a la búsqueda de empleo y formación. Y yo creo que sólo los demagogos preocupados por los votos y no por el progreso real de Andalucía pueden seguir defendiendo un sistema que consiste en pagar por no trabajar. Allá por el mes de mayo, desde esta misma tribuna, demostrábamos con datos oficiales que el PER (Plan de Empleo Rural), habiendo sido uno de los elementos de supervivencia del campo andaluz, sin embargo había tenido la consecuencia perversa de incrementar el número de desempleados en Andalucía. Vamos a ver, si a usted le ofrecen un sueldo por no trabajar, ¿se va a poner a buscar trabajo?
Y ya entonces decíamos, y hoy tenemos que repetir porque los problemas siguen siendo los mismos en 2003 que en 2002, que ya va siendo hora de que se cambie el sistema, y se subvencione a quien realmente no tenga posibilidad de encontrar un empleo, siempre que demuestre estar haciendo lo necesario para encontrarlo (formación, búsqueda activa, etcétera). Por tanto, bienvenida sea la reforma.
Si todos (Gobierno de la Nación, sindicatos y Gobierno autonómico) ponen de su parte buena voluntad y diálogo sin límites, la solución es posible. Sólo hay que dejarse de demagogias, de gestos teatrales y de politiquería barata...
