El PSOE apoya el objetivo de los cambios, pero discrepa de su redacción

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula de nueva manera la prisión provisional, y cuyas líneas generales fueron expuestas dos días antes, el miércoles, por el ministro de Justicia, José María Michavila, a los partidos integrantes en la Comisión de Seguimiento del Pacto sobre la Justicia. PSOE, CiU y Coalición Canaria dieron su conformidad a las explicaciones generales de Michavila, a expensas de conocer el texto del Gobierno.

Tras hacerse público este fin de semana el texto de la reforma, elaborado por el Ministerio de Justicia, los socialistas han abierto un debate sobre tres aspectos del anteproyecto que cuestionan: su retroactividad; los límites de la prisión provisional y las consecuencias de la prórroga de la duración de la prisión provisional.

El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, y el constitucionalista y también dirigente de este partido Diego López Garrido, aprueban el objetivo de esta reforma, adecuar la regulación de la libertad provisional a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, tal y como lo planteó el ministro de Justicia en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto sobre la Justicia. "Esta reforma, pendiente de realizar desde el año 2000, es una pieza troncal del Pacto sobre la Justicia", señala López Aguilar.

En este sentido, los dos dirigentes socialistas estiman que la reforma "ha mejorado" y "ha ordenado" la regulación vigente de la prisión provisional. Citan, a modo de ejemplo, la desaparición como motivo de aplicación de la prisión provisional de una causa "tan confusa y ambigua" como la "alarma social". Pero precisan también que "una cosa es que haya un acuerdo en las líneas generales del anteproyecto, expuestas por el ministro el pasado miércoles, y otra con la redacción del texto".

La pretensión política del ministro de Justicia con la reforma es, además de la adecuación de la prisión provisional a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, facilitar su aplicación a los activistas de la kale borroka -integrantes de bandas organizadas-, que salen en libertad por cometer delitos menores y que a menudo ingresan luego en ETA. Y también la de imputados por delitos menores que entran y salen habitualmente de las comisarías sin entrar en prisión.

Sin embargo, López Aguilar y López Garrido temen que algunos aspectos de la redacción del anteproyecto "pueden desvirtuar el sentido garantista de la regulación de la prisión provisional al aplicarla a imputados sin antecedentes penales, por delitos pequeños, y hacerla retroactiva".