Los denunciantes piden a la juez que se declare a Ibercaja responsable civil por no controlar las cuentas

Afectados por la presunta estafa de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) exigen a la juez que investiga este caso que declare a la entidad Ibercaja responsable civil subsidiaria. Sostienen que esta entidad no controló, como le impone la Ley 57/68, las cuentas especiales en las que los directivos de CPV depositaron los anticipos entregados por los damnificados con vistas a adquirir una vivienda en los barrios de Las Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo.

La citada ley obliga a los bancos a crear cuentas especiales con los fondos que las personas adelantan para viviendas que están en fase de construcción.

El banco, al que, según los afectados, la ley otorga una condición de policía aseguradora del cumplimiento de la obligación de la inmobiliaria, puede bloquear la retirada de dinero si éste no se destina a la construcción de las viviendas, según fuentes jurídicas.

En el caso CPV, parte de los 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) que adelantaron los compradores de las casas fueron depositados en distintas sucursales de Ibercaja. Y la entidad, según los afectados, permitió salidas de dinero sin que CPV acreditase que su destino era la construcción de las viviendas. Los afectados aseguran que Ibercaja y CPV disponen de certificados que acreditan la apertura de cuentas especiales en varias sucursales. Y añaden que estos fondos depositados en cuentas especiales "han sido destinado para fines distintos de la promoción". Basan esta afirmación en las declaraciones que han prestado testigos e inculpados en el sumario que desarrolla el juzgado instructor, el número 34 de Madrid.

Por ejemplo, en el testimonio de Juan Cuesta Muñoz, contable de CPV. Éste tiene declarado ante la juez (folio 154, tomo VII de las diligencias), que el "dinero de las cuentas especiales se invertía en pagar otros terrenos, en pagar comisiones, nóminas de empleados, etcétera". En el mismo sentido han ido, según los afectados, las declaraciones prestadas por la testigo Carmen Belén ("el dinero de las cuentas especiales se desviaba...") y de la también testigo Gema Villegas ("el dinero se invertía en la compra de terrenos diferentes a los incluidos en las promociones").Los damnificados se remiten también a la declaración del directivo de CPV Francisco García Moreno, uno de los cuatro encarcelados (ahora están en libertad provisional) por esta presunta estafa. Éste declaró que CPV "cambió las cuentas especiales abiertas en Caja Madrid porque esta entidad no dejaba disponer libremente de las cuentas". "Es obvio", señalan, "que si las cantidades anticipadas se hubieran destinado exclusivamente a los fines de la promoción o a devolver las sumas a los compradores que fueron desistiendo de los contratos, hoy tendrían fondos suficientes para restituir las cantidades adeudadas". Ibercaja rehusó ayer comentar la petición de los afectados de CPV.