¿Qué es lo que no se entiende?
El miércoles pasado, en la cadena SER, la juez de vigilancia penitenciaria Ruth Alonso explicó de manera pormenorizada por qué había concedido el tercer grado y la libertad condicional a los etarras condenados Luis María Azkargorta y María Ángeles Pérez del Río. Ayer, en EL PAÍS, a la pregunta de si se había cumplido escrupulosamente la legalidad en esos dos casos, respondía: "Sí. Estamos ante dos internos que han observado buen comportamiento y tienen las tres cuartas partes de la condena cumplidas. Se ha elaborado un pronóstico individual de reinserción favorable en ambos casos porque se considera que están desmarcados de ETA. Se consideraba que podían pasar al tercer grado y, con base en el artículo 90 del Código Penal, se les ha concedido la libertad condicional. Esto supone que los cuatro años que les quedan los cumplirán en la calle de acuerdo a las condiciones impuestas y con control mensual. ¿Por qué debemos esperar más tiempo si se ha cumplido el fin constitucional de la reinsercion?".
En la misma página de EL PAÍS en la que aparecía la entrevista con Ruth Alonso, se reproducían unas declaraciones de Javier Arenas en las que, refiriéndose a las decisiones de concesión de tercer grado y de libertad condicional adoptadas por la juez, decía que "no es positiva una decisión judicial que no entienda la sociedad". Lo que la sociedad quiere, según el ministro de Administraciones Públicas, es "ver a los terroristas en la cárcel", coincidiendo en ello "con las víctimas del terrorismo y sus familias". Y por eso no puede entender decisiones como las adoptadas por Ruth Alonso.
¿De verdad no se entiende la decisión de la juez explicada en los términos en que ella lo ha hecho? ¿No puede entender la mayoría de la sociedad española que la decisión ha sido tomada de conformidad con lo previsto en la Constitución y en la ley y explicada en términos objetivos y razonables?
A mí esto sí que no me entra en la cabeza. No creo que exista un grado de ofuscación tan grande en la sociedad española y una sed de venganza tan intensa como para que no se entiendan decisiones judiciales que encajan perfectamente en el objetivo de reinserción, que tiene su fundamento en el artículo 25 de la Constitución. No me puedo creer que los ciudadanos españoles no entiendan y sean insensibles a explicaciones como las proporcionadas por la juez o al dato suministrado por la propia Ruth Alonso de que no ha habido ni un solo caso entre los 350 de condenados etarras reinsertados que haya reincidido.
Esto no puede ser. Y, si así fuera, sería mucho peor, porque la sociedad debe saber que hay unos seiscientos etarras condenados a los que es de aplicación el Código Penal de 1973 o el de 1995 y que, en consecuencia, decisiones como las adoptadas por la juez Ruth Alonso se van a seguir produciendo en los próximos veinte años como mínimo. Que no hay cambio normativo que pueda evitarlo.
En este terreno, como en tantos otros, el Gobierno no está diciendo la verdad o, por lo menos, la está ocultando. Está ocultándole a la sociedad española que la reforma normativa que propone no va a surtir efectos antes de veinticinco o treinta años y que no es posible, en consecuencia, poner fin por muchos años a los terceros grados y a las libertades condicionales.
Esto es lo que el Gobierno tendría que explicarles a los ciudadanos, en lugar de dedicarse a linchar a una juez que está cumpliendo con su obligación de manera más que razonablemente satisfactoria y que está siendo capaz de justificar ante la sociedad española lo que está haciendo en unos términos en que el Gobierno no está siendo capaz de hacerlo.
