Sin capacidad de respuesta

Resulta aflictivo confesarlo en cada ocasión, pero debo decir que pertenezco al nutrido estamento de individuos inhabilitados para los números, balances y contabilidades. En consecuencia, cometería una temeridad si me aventurase a comentar la auditoría de la Sindicatura de Comptes sobre el ejercicio 200l de la Generalitat. Una temeridad y un abuso, pues únicamente conozco de su contenido lo mismo que cualquier lector de prensa: los resúmenes divulgados de los siete volúmenes de que consta el documento y algunas pocas opiniones al respecto, por lo general partidistas, lo que no es sinónimo de engañosas.

No obstante, de lo dicho y escrito se desprende con sobrada verosimilitud que el mentado órgano fiscalizador ha constatado un denso listado de anomalías e irregularidades en la administración de los dineros públicos. Tampoco habría de sorprendernos. El Gobierno autonómico, desde que ejecuta sus propios presupuestos, se ha contagiado crecientemente de las perversas prácticas financieras al uso y, sobre todo, de una pertinaz opacidad a la par de un descomunal descaro para dar y quitar, bailar partidas, fragmentar adjudicaciones y, en suma, pasarse por el forro leyes y reglamentos. Todo, claro está -o debemos suponer-, por mor de la eficiencia.

El problema no reside en que un año tras otro la Sindicatura aflore esta picaresca, sino en que nos hayamos avezado a ella. Y lo que es peor, en que el Gobierno no se sienta aludido ni conminado a esclarecer o justificar las imputaciones de la institución fiscalizadora. A su entender, y aludo al consejero de Economía y Hacienda, Vicente Rambla, los críticos son unos manipuladores carentes del mínimo rigor contable. Exculpación demasiado simple y elusiva cuando se han aventado tantos indicios de desorden, desmadre y parcialidad, que podrán ser más o menos graves, pero que en todo caso exigen una explicación pública donde hay que hacerla, en las Cortes.

Ignoro si el Consell y el citado consejero se avendrán a comparecer en la Cámara, asumiendo los requerimientos del PSPV y EU, u optarán por dar el silencio como respuesta. En este último caso, nos tememos que cometerían un error de bulto. En primer lugar, porque tal escaqueo vendría a confirmar los desarreglos económicos que se le imputan, acreciendo además las sospechas. En segundo, porque abonaría la impresión -que sus opositores denuncian reite-radamente- de utilizar el foro parlamentario para su exclusiva conveniencia y, por último, porque ya va siendo hora de que el partido gobernante dé señales de que todavía está en el pescante de la Administración y no recluido en la desgana o el autismo.

Y una razón más. El PP valenciano está necesitando dar pruebas de que el asunto Aguas de Valencia y el famoso grupo mediático que promovía no lo ha noqueado después de dar la cara en el hemiciclo parlamentario. De aquel lance salió con el rabo entre las piernas y ésta es la oportunidad que se le propicia para demostrar -si puede, obviamente- que no ha perdido el brío político, que sigue siendo caballo ganador y, especialmente, que las cuentas están claras como un vaso de agua clara, que no de Valencia. Obstinarse en rehuir el lance es exponerse a la ineludible somanta de críticas que ya le llueven y que encaja con desdén, pero delatando asimismo que no tiene nada que alegar.