El laberinto del subsidio agrario

La reforma del subsidio agrario es el único aspecto vigente del decretazo (decreto de reforma de protección de empleo) que aprobó el Gobierno el 27 de mayo de 2002 y retiró tras la huelga del 20 de junio. Los recortes sociales a los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura donde se percibe el subsidio agrario son muy sustanciales en el decreto del Gobierno y, de hecho, llevaban a su desaparición en los términos actuales.

Con la reforma, el Ejecutivo expulsaba del sistema a todos aquellos jornaleros andaluces y extremeños que no pudieran demostrar haberlo cobrado en alguno de los tres últimos años, manteniendo el mismo régimen para los que acreditaran ese cobro. El decreto de mayo no acepta pues ninguna nueva entrada al sistema y las sanciones pueden dejar fuera del sistema a muchos más jornaleros: más del 50% de las personas que cobran el subsidio agrario son mujeres, con cargas familiares que tendrían que rechazar ofertas del Inem que les supusiese desplazarse de su residencia.

Un total de 365.000 jornaleros perciben el subsidio con un gasto anual de 925 millones

Para los jornaleros andaluces y extremeños que quedan fuera del sistema y para los del resto de España, el decretazo recogía un modelo alternativo denominado Renta Activa de Inserción (un mínimo de 360 peonadas para tener derecho a tres meses de prestación), que ningún jornalero estará en disposición de cumplir este año, ya que la media anual de peonadas en el campo no supera el centenar en las comarcas más productivas.

Zaplana ha incorporado otra propuesta (que supone un "avance" según el ministerio y ninguna novedad significativa, según los sindicatos) que introduce un nuevo programa de protección e inserción para los que no percibían subsidio previo a la reforma y reúnen los requisitos que antes se pedían para ello. Las prestaciones son prácticamente idénticas al antiguo subsidio: el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) durante seis meses que podrá pedirse todos los años y no de una vez. Ahora bien, para tener derecho a ese cobro, se introducen una serie de exigencias con el fin, según el ministerio, de incentivar la búsqueda de empleo y evitar el fraude.

Esas condiciones se resumen en que se aumentará la exigencia a los perceptores para que acepten cursos de formación o empleos alternativos, según unos requisitos que el ministro se ha comprometido a concretar en un documento en los próximos días. Sólo se conoce que se introduce la figura del "tutor personal", un funcionario que vigilará el expediente de cada perceptor con el fin de ayudarle a la búsqueda del empleo y frenar el fraude.

Para quienes no reúnan los requisitos para entrar en el subsidio (haber realizado 35 peonadas) se mantiene la Renta Activa de Inserción (RAI), que se introdujo en la reforma, una percepción consistente en el 75% del SMI durante seis meses, y que sólo se cobra una vez. Actualmente, los jornaleros del subsidio agrario están ligados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, específico para Andalucía y Extremadura (que concentran el 75% de los jornaleros españoles), y que tiene dados de alta a casi 600.000 trabajadores, de los que reciben el subsidio 365.000 (300.000 en Andalucía y 65.000 en Extremadura).

La polémica abierta entre sindicatos y Gobierno es si este nuevo sistema de percepción es una "ayuda asistencial", según dicen las centrales sindicales, o un "subsidio", según el lenguaje empleado por el ministerio. En el primer caso, que depende del criterio de la Administración, mientras que el subsidio es un derecho subjetivo del trabajador, una prestación por cotización (la cartilla agraria) del que se derivan otros derechos, como el de la pensión por jubilación.

El subsidio actual da derecho a cobrar 325 euros mensuales durante medio año si se presentan 35 peonadas; pero la media de cobro es de menos de cinco meses (1.625 euros por jornalero y año). Los sindicatos recuerdan que este subsidio no es una ayuda directa del Estado. Como cualquier prestación de la Seguridad Social (que tendrá un superávit de 3.000 millones este año), se corresponde con una cotización del trabajador. En el caso del Régimen Especial Agrario, los 600.000 jornaleros deben pagar una cartilla agrícola (66 euros al mes), que da derecho a una pensión de jubilación mínima.

Frente a lo dicho por el ministerio, la entrada en vigor del decretazo sí va a significar una reducción del gasto público, que se aprecia en los Presupuestos de 2003. Si en 2002 había previstos 985 millones de euros para el subsidio agrario, este año habrá 925, un descenso del 6,2% que refleja ya los efectos de la decisión del Gobierno. Según los sindicatos, más de 15.000 jornaleros que han echado en estos siete últimos meses las 35 peonadas que se exigen para el subsidio no podrán acceder a esta prestación por haber quedado fuera del sistema.

Otra de las confusiones comunes en este tema es que el Plan de Empleo Rural (PER) no es un subsidio, sino un plan de inversiones (125 millones de euros al año) en infraestructuras que financia el Gobierno en pueblos de Andalucía y Extremadura. Los jornaleros pueden echar aquí peonadas que les cuentan para el mínimo necesario para cobrar el subsidio agrario como también las pueden echar para un empresario agrario. Este plan, ahora denominado AEPSA (Acuerdo para el Empleo y protección Social Agraria), no está sujeto a reforma y el Gobierno ha garantizado que continuará.