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Reportaje:EL MOMENTO ECONÓMICO | PREPARANDO LAS URNAS

Las cuentas de la legislatura negra

Joaquín Estefanía

La economía estaba preparada para abandonar al pelotón y situarse en la vanguardia de los activos del Gobierno, cara a las elecciones municipales y autonómicas y, más allá, de las generales de después. Mala apuesta. La segunda legislatura del Partido Popular (PP) ha sido aciaga. Se diría que las mayorías absolutas conllevan una maldición de ineficacia en el desempeño de las mismas.

La cosa comenzó a torcerse desde el momento en que se multiplicaron los índices de inseguridad ciudadana. La inseguridad, en general, es una de las características centrales de los tiempos que corren, como ha demostrado el sociólogo alemán Ulrich Beck. Incrementarse los datos de inseguridad y torcerse las expectativas electorales del PP fue todo uno. Además, fue el primer síntoma explícito del retroceso de la acción del Estado: desde 1996 al menos, habían disminuido las fuerzas de seguridad que protegen a los ciudadanos.

El esfuerzo por incrementar el capital tecnológico, físico y humano no ha estado a la altura de lo que la Unión Europea aprobó en la cumbre de Lisboa
Durante los últimos años ha aumentado la convergencia real con Europa, aunque no se han aprovechado todas las posibilidades de lograr su bienestar

El papel de los sindicatos

Después vino la huelga general del 20 de junio y la suspensión del decretazo. Algún día, la oposición habrá de reconocer con generosidad a los sindicatos el papel movilizador y de revulsivo político que han tenido en esta coyuntura. Sin las movilizaciones sindicales contra la reducción del seguro del desempleo (y más allá, contra la reforma de la educación que casi en solitario ha aprobado el Gobierno), los socialistas no hubieran tenido el reflejo de su acción en los sondeos. Borrar el decretazo del mapa, dejando suspendidos de la brocha a sus aliados empresariales y mediáticos, tampoco fue una buena idea de Aznar, que se fue de veraneo haciendo un cambio de Ejecutivo que fue amortizado en pocas semanas. ¿Cuántos ciudadanos pueden repetir hoy los nombres de los ministros salientes y entrantes? Hacia la mitad de 2002 ya era notable el deterioro de la economía, pero no tan visible para los ciudadanos como unos meses después.

Luego vino el conflicto sucesorio y la guerra contra los medios de comunicación. Esta última no era nueva. En la primera legislatura del PP ya se demostró el escaso entendimiento de la libertad de expresión (y de la libertad de empresa, a través del continuo intervencionismo arbitrario) de José María Aznar y su equipo; la táctica fue primero liquidar a los medios que no aplaudían, y cuando ello fracasó, intentar forjar grupos de comunicación alternativos al servicio del poder. A través de las privatizaciones se sustituyó al sector público empresarial por un sector privado gubernamental. La diferencia es que ahora también se han enfrentado con los grupos que le eran teóricamente afines (con una ideología de derechas, o de centro derecha), porque éstos no les resultaban todo lo sumisos que el PP demandaba.

El desideratum de esta legislatura negra fue el hundimiento del Prestige y la extensión de la marea negra al Cantábrico. Ello puso de manifiesto de modo explícito dos aspectos: la inanidad de la acción política del PP en las dificultades (que ya había tenido un ensayo general con la enfermedad de las vacas locas) y la política de retroceso del Estado experimentada durante estos años. Mientras se vendían los equilibrios macroeconómicos como propios, las costuras de la sociedad española se rompían y las cosas dejaban de funcionar. Sin tanta solemnidad como entonces, podían recordarse las palabras de Ortega y Gasset cuando el error Berenguer: "¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!".

El Prestige levantaba el velo de los sacrificios que los ciudadanos habían tenido que hacer para conseguir esos equilibrios, entre ellos el presupuestario. Y surge la gran pregunta: ¿merecía la pena? No es sólo que cuando la desaceleración mundial ha llegado a España, han reaparecido los viejos demonios de nuestra economía, la inflación y el paro (y los de la política: los nacionalismos y Marruecos). Es que también comienza a visibilizarse el tiempo perdido: durante el periodo 1995-2001, una etapa que comienza con los socialistas y con Pedro Solbes al frente de la economía española, disminuyó el diferencial con Europa: la economía de nuestro país creció por encima de la media europea. ¿Ello mejoró la convergencia real de nuestro país con la Unión Europea? Sí, pero menos de lo que hubiera sido posible. El crecimiento de la productividad en nuestro país fue muy pequeño y está en la cola de los países europeos. En medio de la fiesta, la UE celebró la cumbre de Lisboa. En ella se manifestó una idea fuerza: la sociedad de la información sería el eje del progreso en el mundo. Es por ello por lo que había que poner a Europa a la vanguardia de la misma, intentando alcanzar a EE UU.

Voluntarismo y propaganda

Esa idea tuvo dos abanderados teóricos: el primer ministro británico, Tony Blair, y el presidente del Gobierno español, José María Aznar. Fue un acto de voluntarismo y de propaganda, al menos en lo que se refiere a lo nuestro: los esfuerzos de la Administración española por aumentar los stocks de capital humano, tecnológico y físico de nuestro país han sido casi testimoniales. Ello se representa en el fracaso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de reciente creación. España es, junto a Grecia, el país de la UE que menos proporción de su PIB asigna a las tecnologías de la información; el gasto de I+D en relación al PIB -el indicador por excelencia de la dinámica de la innovación- no ha alcanzado nunca el 1% en España. Nuestro país se mantiene por debajo del 50% del asignado al promedio de la UE, que, a su vez, no llega al 50% del que tiene EE UU. La apuesta por las infraestructuras y la inversión pública también ha sido menor.

La convergencia real con Europa ha jugado un papel secundario en relación al dogma de la política económica de Aznar: el equilibrio presupuestario. Como si el déficit cero no fuese propio de sociedades sin necesidades. Lo que no es el caso, como estamos viendo.

Cómo conseguir el déficit cero en periodo electoral prolongado

POCOS DÍAS ANTES de terminar el año 2002, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, presentó el borrador de Plan de Estabilidad que se iba a llevar a Bruselas. En él resaltaban dos ideas: la primera, que el Gobierno español seguía manifestando tesis muy triunfalistas sobre el comportamiento de la economía española en este ejercicio, poco compartidas por los analistas privados y las organizaciones multilaterales; y la segunda, que los tiempos del superávit público se alejaban para una próxima legislatura. Es decir, que dependerá de quien gobierne después.

De nuevo surgen las mismas preguntas: ¿es compatible el déficit cero en un entorno económico de bajo crecimiento, rebajando los impuestos? Y más allá: ¿son creíbles el equilibrio presupuestario y los sacrificios en periodo electoral? La experiencia indica que no. La respuesta a la primera cuestión tiene limitaciones interiores (la coyuntura del país) y exteriores (las incógnitas que asolan el planeta, entre ellas la evolución del precio de las materias primas, y sobre todo el petróleo, en un contexto en el que casi nadie es optimista, y en el que cuentan de manera central las hipótesis de una guerra contra Irak y la evolución del conflicto civil de Venezuela). Mientras nuestro país sufre tendencias inflacionistas crecientes, los países más significativos de la escena mundial -EE UU, Japón y Alemania- padecen el espectro de la deflación.

Desde el momento en que España entró en la disciplina del euro no dispone de política monetaria propia, que es definida por el Banco Central Europeo (BCE). Esa política monetaria es fuertemente expansiva para nuestro país, que con una inflación del 4% tiene unos tipos de interés del 2,75%, en un marco de crecimiento del 2%. El otro instrumento es la política presupuestaria, con el corsé del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por el lado de los ingresos, el PP ha aprobado una reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y ha suprimido el impuesto de actividades económicas (IAE); por el de los gastos, ha anunciado que las ayudas a los damnificados de la marea negra se extenderán en el tiempo todo lo que sea necesario, ha aumentado el salario de los funcionarios y las pensiones más bajas (tendrá que habilitar una paga extra a los pensionistas por el desbordamiento de la inflación) y ha adoptado otras medidas como la asignación de una cantidad a las madres trabajadoras. ¿Es factible creer con estos mimbres, que se acelerarán conforme se acerquen unas elecciones con unos sondeos cada vez más cerrados, en la voluntad política del déficit cero?

La inflación está en el 4%, el doble del objetivo previsto por el BCE como media de la zona euro y de la previsión gubernamental en los Presupuestos del año que acaba de morir, y 1,8 puntos de diferencial con respecto a la media de la UE. En 2003, ¿la prioridad será la inflación o el déficit cero? La respuesta es central, ya que las alegrías del presente son hipotecas para el futuro.

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