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La memoria democrática y la Constitución

Que los vivos entierren dignamente a sus muertos parece un acto puramente rutinario en un Estado democrático. Sin embargo, tal no ha sido posible para algunos españoles hasta el pasado 20 de noviembre. El sistema político español es una democracia formal desde que se aprobara la actual Constitución de 1978 que canceló definitivamente el conjunto de Leyes Fundamentales del Franquismo refundidas en la Ley Orgánica del Estado de enero de 1967 con la que la dictadura franquista dio por cerrado su mal llamado "desarrollo constitucional".

A partir del 20 de noviembre de 1975 se transitó como "de puntillas" desde un régimen de dictadura a uno liberal-democrático. Pero en el camino se fueron quedando inevitablemente no pocas cosas. Pareciera que el país se sumía en un largo y prolongado letargo: se negaban los orígenes y antecedentes, se sentía vergüenza del pasado y se optó por cancelarlo, anegarlo y olvidarlo por más que a algún relevante analista le parezcan auténticos alucinados quienes no cejan nunca de reivindicar la memoria democrática en un país tan olvidadizo como éste. Borrón y cuenta nueva dijeron todos, aunque algunos insistían en la importancia de no confundir la amnistía con la amnesia.

Aquel olvido ha resultado ambiguamente funcional y disfuncional para el nuevo sistema político español. Transcurrido casi un cuarto de siglo desde la Constitución de 1978 que fundamentó jurídicamente el nuevo régimen de monarquía parlamentaria, y cuando puede considerarse que está firmemente arraigado en la cultura política de los españoles, parece llegado el momento de poder cancelar "definitivamente" los silencios, las lagunas y las ambigüedades que le acompañaron en su proceso de construcción y consolidación. Hay que establecer una adecuada política democrática de la memoria colectiva. Sin ella no puede construirse un auténtico proceso de identidad nacional en el que, aparentemente, andamos embarcados los españoles desde hace más de quinientos años, dándose la paradoja de que siendo uno de los Estados modernos más viejos de Europa, sea al mismo tiempo quien más se cuestiona a sí mismo y más vagamente tiene arraigado su universo simbólico.

¿Por qué? Se ha ido asentando progresivamente la democracia en la sociedad española hasta el punto de que es legítimo establecer que gozamos de un sistema político comparable al del resto de los países más desarrollados de nuestro entorno. Sin embargo, no son pocos los analistas que consideran que dicho sistema adolece de no pocas disfuncionalidades que permiten calificar a nuestra democracia como de "baja calidad". ¿Por qué la clase política democrática no ha calibrado la decisiva importancia de semejantes disfuncionalidades para una auténtica consolidación, profundización y desarrollo democráticos? ¿Acaso su resolución era de menor importancia respecto a los objetivos primordiales del propio proceso de transición democrática? ¿Cómo es posible que un partido democrático de izquierdas como el PSOE, después del traumático salto atrás que la dictadura franquista supuso en este orden de cosas, no fuera absolutamente consciente y especialmente sensible de la importancia decisiva de afirmar por todos los medios democráticos legítimos a su alcance una cultura política, no ya de izquierdas que hubiera podido ser tachada de partidista o sectaria, sino firmemente democrática?

En este orden de cosas, ¿cómo ha podido desperdiciarse la extraordinaria oportunidad política que produjo la victoria electoral de 1982, que en este otoño tan legítimamente se ha conmemorado, para introducir la enseñanza de una asignatura obligatoria en la EGB, hoy ESO, o el BUP, arbitrando para ello las correspondientes partidas presupuestarias y concursos y oposiciones de acceso al cuerpo de una materia obligatoria que se llamara, pura y simplemente: cultura política, y cuyos contenidos no fueran otros -y sólo ésos- que los valores superiores que informan la Constitución y la teoría y la práctica democráticas? ¿Acaso somos ya tan maduramente democráticos que no necesitamos para nada formar a nuestros hijos en una cultura política que les dé razón y cuenta de la memoria democrática por la que lucharon y murieron tantos españoles y de cómo impedir a toda costa que nada parecido pueda volver a ocurrir jamás? Españoles cuyos familiares sólo quieren que les abrigue decentemente su tierra materna desde la que llevaban clamando inútilmente con quien fuera su presidente "paz, piedad y perdón". ¿Acaso no domina el afán de anular al oponente político? ¿La vieja dialéctica schmittiana de "amigo" o "enemigo", propia de la dictadura ha sido eficazmente erradicada de la vida política actual? ¿Acaso no predomina la actitud cuasi mafiosa si no de eliminar sí de aislar o neutralizar a quien no pertenezca a nuestra escudería? ¿Acaso no se margina o se "ningunea" a quien aspira a mantener con un mínimo de dignidad su independencia? ¿Acaso no responde todo ello a un nefasto espíritu gregario, al sectarismo más destructivo, exclusivo y excluyente, propio de partido, grupo o clan, donde sus integrantes defienden sus intereses y aspiraciones corporativos al margen de cualquier principio ético y, en consecuencia, no ha lugar a la menor discrepancia que pudiera debilitar la cohesión del grupo?

¿Acaso toda acción que directa o indirectamente nos proporciona una ganancia o una ventaja nos está permitida? ¿Acaso no tiende a predominar a poco que traspasemos el tenue hilo de seda de la apariencia y las "buenas formas burguesas" un alarmante fondo de intransigencia o de doctrinarismo político que vicia todo el sistema político? ¿Acaso la guerra soterrada de dossiers o la permanente amenaza de desvelar fotos, vídeos, grabaciones, informes relativos a la vida particular e incluso íntima del adversario, la presión, la intoxicación y la maledicencia continuadas no pone de manifiesto la extraordinaria vigencia del análisis de la política de Maquiavelo o de la vieja afirmación de Von Clausewitz de llevar la política hasta sus últimas consecuencias? ¿No interesa reclamar y exigir la puesta en marcha o la activación real de una fiscalización adecuada y unos mecanismos de control del poder realmente eficaces, transparentes y operativos?

Acometer una adecuada política de la memoria por todas las razones expuestas nos parece una tarea tan compleja como imprescindible. Tenemos el pleno convencimiento de que contribuiría notablemente al reforzamiento de la cultura política de los españoles. Y para ello hay que empezar por la plena recuperación de los lugares de memoria, mediante la elaboración de guías para el viajero, para el lector, para el vídeo-oyente, que sepan darle razón de los escenarios históricos sobre los que transita o puede transitar. Como apunta Vicenç Navarro, ha habido en España un silencio ensordecedor respecto a estos temas, hay que reconciliarse sin olvidar, se ha falsificado la historia y la transición ha sido incompleta y ha distado de ser modélica, hay insensibilidad democrática, el coste de la desmemoria histórica ha sido grave y el olvido, aparte de una gran injusticia, es siempre un error político.

Hay, pues, que recuperar la memoria histórica. En este sentido, el Congreso de los Diputados ha aprobado nada menos que por unanimidad y en un 20 de noviembre, fecha de la muerte del general Francisco Franco, y de José Antonio Primo de Rivera, pretendido inspirador ideológico del régimen, ayudar a los exiliados de la guerra civil y reabrir las fosas comunes para enterrar convenientemente a las víctimas de la represión franquista durante la guerra civil. Tal día pasará sin duda a las mejores páginas de la historia de la democracia española, pues también se alcanzó un objetivo ampliamente perseguido por la izquierda española: la condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 que abrió el camino de la guerra civil y de la consiguiente dictadura franquista que habría de prolongarse hasta el mismo óbito de su principal protagonista. El hecho, sin poner más énfasis del imprescindible, nos parece de la máxima importancia y trascendencia, y habrá de tener profundas y salutíferas consecuencias. Todo el Parlamento español, mediante una contundente resolución conjunta, ha condenado por unanimidad la rebelión militar contra la legalidad republicana y se hace el reconocimiento "moral" de quienes "padecieron la represión de la dictadura franquista". Ése es el camino. Se ha dado un paso verdaderamente decisivo. Ahora sí que podemos descartar la permanente alusión a las "dos Españas". Ahora sí que ha terminado la guerra civil, la dictadura franquista y la transición política a la democracia.

Alberto Reig Tapia es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y autor de Memoria de la guerra civil. Los mitos de la tribu.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0003, 03 de enero de 2003.

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