Chirac ordena a su primer ministro supervisar sobre el terreno la lucha contra el vertido

El Gobierno francés parece haber tomado a su homólogo español como modelo de lo que no hay que hacer ante una crisis ecológica. Si anteayer el presidente Jacques Chirac hizo saber que había instado a la fiscalía para que abra una investigación judicial a fin de depurar responsabilidades respecto a la contaminación del Prestige, que empieza a llegar a la costa atlántica gala, ayer Chirac anunció que ha ordenado a su primer ministro, Jean Pierre Raffarin, ir a la zona afectada y asegurarse de que " la movilización es la adecuada y se dispone de los medios suficientes".

Jacques Chirac, al salir ayer de un consejo de ministros, hizo una declaración solemne en contra de "los negociantes turbios y los sinvergüenzas de los mares" que provocan "desastres que no son producto de la fatalidad sino de acciones humanas". Dispuesto a jugar la carta de presentarse como paladín ecologista, Chirac dijo "compartir la indignación e inquietud" de sus conciudadanos atlánticos y pidió que la búsqueda de responsabilidades no se circunscribiese a tripulantes, fletadores y armadores sino también "a las compañías de seguros, a las sociedades que dan certificados de navegabilidad a auténticos basureros flotantes y a los pabellones de conveniencia".

Si el Ejecutivo español tardó en asumir la magnitud del drama, Chirac y sus ministros lo anticipan. Roselyne Bachelot, la titular de Medio Ambiente, ya advierte de que "la contaminación alcanzará otros departamentos" y que será de mayor intensidad puesto que "las manchas de fuel más importantes están aún a 100 kilómetros de la costa". El primer ministro Raffarin no duda por su parte en augurar "una crisis indignante que reclamará una acción duradera, máxime vista la tempestad actual y las previsiones meteorológicas".

La idea de que "no había que ir a Galicia para hacerse la foto" no ha sido tomada en consideración por Chirac, que ordenó a su primer ministro y a los titulares de Medio Ambiente y Transporte que visiten "el terreno para asegurarse de que la movilización es la adecuada y dispone de los medios suficientes". Y ayer mismo Raffarin y compañía desembarcaban en Cap Ferret, en la bocana de la laguna de Arcachon, paraíso de las ostras, para pasearse por las playas salpicadas de bolas negras y manifestar "su cólera al ver un lugar tan hermoso tan manchado", al tiempo que anunciaba que 50 millones de euros habían sido puestos a disposición de las instituciones responsables de garantizar la limpieza de las costas. Bachelot precisaba que "siete de esos millones servirán para pagar el trabajo del personal que ya está dedicado a la limpieza de las playas".

Buena organización

El desorden español a la hora de organizar la ayuda también parece haber sido tomado en consideración. Las autoridades francesas han enviado a la costa primero a los bomberos, luego a empleados de servicios municipales de limpieza, en tercer lugar a profesionales privados del mantenimiento en buen estado de aguas y arenas, en cuarto lugar al ejército -que está movilizado, pero sin intervenir excepto con algunos navios o aviones de observación- y en quinto y último puesto los voluntarios, a los que sólo se les admite después de que se hayan inscrito en un ayuntamiento, respondido a una encuesta, superado un examen médico y tras previa convocatoria y encuadramiento por dirigentes de seguridad civil.

Jean Bourdeau, alcalde de la localidad playera de Mimizan, una de las primeras en recibir el chapapote, dice que "de momento, los voluntarios no son precisos". Hay otras razones que aconsejan restarle protagonismo a los voluntarios. Según el portavoz francés de Greenpeace, Brune Rebelle, "nosotros no somos el suplentes de unos poderes públicos que no hacen lo que deben". El caso del naufragio del Erika, en diciembre de 1999, está en todas las mentes: "Oficialmente causó daños por valor de 1.000 millones de euros, pero en el cálculo no se incluye el valor del trabajo desempeñado durante 9 o 10 semanas por miles voluntarios. Hubiese duplicado la factura".

El Gobierno francés también ha tenido un exquisito cuidado en no dejar que las diferencias políticas se mezclen en la crisis. Ayer, Raffarin acudió a Cap Ferret acompañado del presidente de la región, el socialista Alain Rousset, y cada uno supo ocupar el nivel de decisión y poder que le corresponde, evitándose lo ocurrido en Galicia.

Si la política de comunicación del Gobierno francés es modélica quedan por ver cuáles serán los resultados reales de su acción. De momento, el viento huracanado y el oleaje han hecho imposible que los barcos saliesen a alta mar a intentar bombear parte del chapapote. Luego, la intensidad de las mareas -que empezará a decrecer hoy- ha determinado que se estimase que no valía la pena hacer un gran esfuerzo por recoger lo vertido en la playa puesto que pocas horas después llegaría otra nueva oleada. La verdad es que los medios de los que se dispone para luchar contra ese tipo de catástrofes -las barreras flotantes malamente cubren algunos miles de metros, pero ayer ya eran 50 kilómetros de costa los afectados- siempre acaban por parecer ridículos, como lo prueba que tres años después la fábrica de tratamiento de desperdicios que se ocupa de ello aún no haya acabado con el fuel vertido por el Erika.

También se ha hecho oir Daniel Marrec, presidente de la Asociación Francesa de los Capitanes de Navío, que ha denunciado "la detención injustificada del capitán del Prestige". En su opinión, "los capitanes somos utilizados, cada vez más, como rehenes en los litigios que oponen distintas partes". Según Marrec, "el Estado español no supo estar a la altura del reto que debía afrontar".