Una nueva ley de montes otorgará beneficios fiscales y compensaciones a los propietarios de bosques

Los titulares de bosques privados y de espacios afectados por figuras de protección ambiental, como la Red Natura 2000, se beneficiarán de deducciones fiscales o serán compensados de las restricciones al disfrute de sus propiedades, según prevé el borrador de la nueva ley de montes. Las desgravaciones se aplicarán también a las transmisiones y sucesiones patrimoniales y no se podrán recalificar los terrenos forestales quemados. El 65% del territorio forestal español está en manos privadas. El resto se declarará de dominio público.

El nuevo texto legal será presentado por el Ministerio de Medio Ambiente a las comunidades autónomas en la próxima conferencia sectorial que se ha convocado para el 8 de enero. Al día siguiente se entregará también al Consejo Nacional de Bosques para su estudio.

El ministerio tiene la intención de someter este proyecto de ley a consulta de todos los sectores políticos y sociales para poder presentarlo en el Parlamento este año, según anunció ayer su titular, Jaume Matas.

La ley viene a ocupar el enorme vacío legal en el que se encuentran los bosques en España desde que se aprobó la Constitución en 1978. La ley actual, vigente desde los años cincuenta, no tiene en cuenta el nuevo marco competencial del sector, que con la Constitución ha pasado íntegramente a depender de las comunidades autónomas. Las desgravaciones fiscales a los propietarios de montes era una vieja reclamación del sector. Los montes españoles no son en general una fuente saneada de riqueza. La explotación de la mayoría de ellos ofrece beneficios raquíticos y a largo plazo.

El nuevo marco jurídico aspira a que los propietarios se responsabilicen de desarrollar una gestión sostenible mediante programas de ordenación incentivados.

La gestión sostenible cumple una triple función: el mantenimiento del patrimonio y los recursos forestales del país, el uso social de los bosques y la captación de CO2 (efecto sumidero), el principal gas responsable del cambio climático. Se estima que los 26 millones de hectáreas que ocupa la superficie forestal española (la mitad del territorio) fijarán anualmente 60 millones de toneladas de CO2, según las previsiones del Plan Forestal para dentro de 30 años.

Seguridad de las presas

La agenda del Ministerio para este año incluye también la aprobación de una ley de ruido y otra sobre la seguridad de las presas en la que se refundirán los reglamentos vigentes. Para vigilar la buena conservación de las presas se creará un órgano de alta inspección, dependiente de la secretaría de Estado de Aguas y Costas. La unidad que se ocupaba de esta tarea fue disuelta en la anterior legislatura.