La deuda pública de los valencianos destaca como la más alta del Estado en relación al PIB

La deuda pública de los valencianos destaca como la más alta del Estado en relación a la riqueza que genera la Comunidad Valenciana de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el Banco de España y relativos al tercer trimestre de 2002. A finales de septiembre del año pasado, la deuda pública de la Generalitat ascendía a 6.552 millones de euros, un valor absoluto ligeramente inferior al registrado tres meses antes. A pesar del recorte, la deuda de los valencianos representa el 9,8% del PIB, muy por encima del resto de comunidades autónomas.

Los datos del Banco de España arrojan un recorte de 96 millones de euros en el capital de la hipoteca que comparten todos los valencianos respecto a los indicadores del segundo trimestre de 2002, un descenso que apenas representa un punto y medio en términos porcentuales.

La inmensa mayoría de las comunidades autónomas redujeron sus obligaciones en el tercer trimestre de 2002, sólo Cataluña y Castilla y León aumentaron ligeramente el total de su deuda pública.

En paralelo, todas las comunidades autónomas han registrado descensos en la relación entre las obligaciones financieras que arrastran y la riqueza que producen. Incluso Cataluña ha mejorado tal relación a pesar del aumento del valor absoluto de su deuda.

La deuda de los valencianos representaba un 10,1% del PIB a finales de junio del año pasado y bajó a un 9,8% a finales de septiembre, un dato que no tiene parangón en ninguna comunidad autónoma.

El dato más próximo corresponde a Galicia, donde la deuda representa un 8,1% del PIB, casi dos puntos por debajo de la Comunidad Valenciana.

Los expertos explican que reducir la deuda pública es muy complicado y conceden especial relevancia a la capacidad de generar riqueza en relación a las obligaciones asumidas por las instituciones.

En términos domésticos: si la cuota de la hipoteca se mantiene fija pero el sueldo crece año tras año, la carga que representa tal cuota se reduce progresivamente.

En el caso de la Generalitat valenciana la relación entre la deuda y el PIB creció paulatinamente desde el 6,4% que registraba a finales de 1995 hasta el 9,9% que alcanzó a finales de 2000 y el 10,2%, su punto más alto, correspondiente a finales de 2001. Ha registrado ligeros altibajos desde entonces, pero se mantiene en torno al 10% en una senda opuesta al resto de comunidades autónomas, como reflejan los datos estadísticos recabados por el Banco de España.

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de las cuentas de la Generalitat a lo largo de 2001, entregado a las Cortes hace dos semanas, recoge una de las razones que explican la nula incidencia de la deuda pública de la Generalitat sobre el PIB. Lo normal sería que el gasto asumido por las instituciones estimulara la economía. Pero el Síndic apunta que la transformación de deuda asumida a corto plazo para hacer frente a pagos inmediatos - el equivalente al recurso a la tarjeta de crédito- en deuda a largo plazo -el equivalente a la hipoteca sobre la vivienda- ha disparado las obligaciones que la Generalitat tendrá que afrontar en años venideros y el volumen de los intereses correspondientes a tales obligaciones.

La transformación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo fue un recurso extremo utilizado por la Generalitat a principios de la pasada legislatura para ordenar la factura de gasto farmacéutico que se había disparado. Sin embargo, el Consell ha convertido tal práctica en hábito.

Así, la deuda pública no repercute en la riqueza de todos los valencianos porque, en gran medida, crece para soportar gastos de funcionamiento corriente, no grandes inversiones cuya rentabilidad se aprecia a largo plazo.

El discurso oficial sostiene que los tipos de interés actuales permiten asumir deudas con cierta alegría y justifican la renegociación a largo plazo de obligaciones asumidas con anterioridad en condiciones de mercado menos favorables.

Vicente Rambla, consejero de Hacienda, justificó tal política en una de sus últimas comparecencias en las Cortes Valencianas con una serie de argumentos muy alejados de la doctrina oficial del déficit cero que mantiene el Gobierno central.

El Síndic también revela en su informe el desfase entre las previsiones de deuda de las empresas públicas para 2001 y la realidad a final de año, una situación condenada a repetirse en 2002 puesto que el Consell traslada inversiones a las empresas públicas para mantener el equilibrio de sus cuentas.