Gobierno y Junta rompen de manera estrepitosa la negociación sobre financiación y empleo

Los Gobiernos andaluz y central rompieron ayer de manera estrepitosa e inesperada las negociaciones que desde septiembre estaban manteniendo de manera intermitente para llegar a acuerdos sobre la liquidación de los fondos presupuestados para Andalucía en el quinquenio 1997-2001 y el traspaso de las políticas activas de empleo. Estrepitosa porque la comisión mixta de transferencias, convocada para las 17.30 horas de ayer, ni siquiera se celebró. Inesperada porque tanto el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, como el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, daban por hecho el acuerdo.

Las negociaciones entre Sevilla y Madrid saltaron ayer por los aires cuando ambas administraciones se disponían a escenificar el acuerdo en una comisión mixta, pedida por la Junta y convocada por ambas partes, justo la víspera del plazo tope fijado por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, el pasado 5 de septiembre.

Los consejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, de un lado; y los secretarios de Administración Territorial, Gabriel Elorriaga, y de Hacienda, Antonio Beteta, por otro, se reunieron en la sede del departamento de Arenas para poner blanco sobre negro lo que, supuestamente, iban a firmar después.

Todo se fue a pique cuando el Gobierno de la nación, según consta en la propuesta de acuerdo remitida por la mañana a la Junta, atrasaba el pago de las liquidaciones pendientes de los años 1998 a 2000 en función de las sentencias "que vaya emitiendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid" y eludía poner por escrito las cantidades anuales -acordadas como deuda por ambas partes en una reunión celebrada el 18 de diciembre- y recogidas en una carta enviada por Elorriaga al Ejecutivo autónomo el pasado 27.

En esta misiva, se reconoce que la deuda del Gobierno con Andalucía por la liquidación del 100% de los fondos presupuestados para la comunidad del anterior modelo de financiación asciende a 720 millones de euros -90,25 millones de 1997; 93,30, de 1998; 110,87, de 1999; y 248,93 millones de euros de 2000-.

La Junta propuso saldar el pago en cuatro años, a lo que ayer se opuso el Gobierno por entender que afectaba a su objetivo de déficit cero, según los consejeros andaluces. En su propuesta, el Ejecutivo central sólo habla de liquidar los 90,25 millones de euros del ejercicio de 1997, después de la primera sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a la Junta en el pago del 2% pendiente de liquidar, y de retirar el recurso contra esta decisión judicial. El Ejecutivo central no exigía a la Junta que diera de baja el resto de las demandas correspondientes al resto del quinquenio. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido que la Junta tiene razón en su demanda: "No hace falta que me lo diga la Audiencia, ya sé que me queda por pagar el 2% [de la liquidación] a Andalucía", afirmó el pasado 5 de diciembre en Sevilla.

"Tenemos la razón jurídica y el ministro lo reconoce ¿qué clase de acuerdo político es ése de pagar cuando lo digan los tribunales?", afirmaron Zarrías y Álvarez. La oferta de la Junta era la de saldar la deuda de 720 millones de euros en un plazo total de cuatro años.

En cuanto a la otra pata de la negociación -el traspaso de las políticas activas de empleo- la oferta última del Gobierno consistía en ceder la transferencia efectiva el 1 de mayo y la cogestión de estos servicios con fecha 1 de marzo. Según un portavoz del ministerio, adelantar la cogestión a 1 de enero "es imposible porque se necesita hacer un montón de papeleo", al tiempo que interpretó como un sí de la Junta a la última oferta del ministerio el hecho "de que se hayan desplazado tres consejeros" a Madrid.

Zarrías y Álvarez calificaron al unísono de "auténtico desastre" la reunión . "Cada vez que te sientas a negociar se echan para atrás en sus propios planteamientos", aseguró la consejera de Economía, mientras que el responsable de Presidencia atribuyó la falta de acuerdo a la "actitud cicatera" del Ejecutivo central, que "nos niega a los andaluces los derechos que nos reconocen los tribunales y el propio Ministerio de Hacienda".

Por su parte, Gabriel Elorriaga lamentó la "estrategia de confrontación" de la Junta porque el acuerdo "hubiese supuesto un avance significativo" en las relaciones entre ambas instituciones.

Las dos administraciones no descartan nuevos contactos tras el fiasco de negociación.