Cinco años de promesas
El viernes 2 de enero de 1998 el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, anunció en Sevilla el traspaso de las políticas activas de empleo a la comunidad para ese mismo año. "Vamos a cerrar este asunto en 1998 y la Junta lo sabe desde hace mucho tiempo. Si los socialistas quieren organizar polémica, que la organicen. Por nuestra parte no va haber mucho problema", aseguró solemne. Sus sucesores en el cargo, Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio, más o menos también escogieron finales de 1999 y 2000, para proclamar el traspaso. Todo un lustro de incumplimientos.
Durante este tiempo los ministerios de Trabajo y Administraciones Públicas se han ido pasando la pelota de a quién recaía la responsabilidad última de desbloquear la cesión y, mientras tanto, todas las comunidades -excepto País Vasco y Murcia- han firmado acuerdos para gestionar las oficinas del Inem, las escuelas-taller y las casas de oficio. El retraso ha ido parejo a las sucesivas campañas de denuncia de los socialistas, la última de ellas en febrero de 2002 bajo el título ¿Hasta cuándo?
Porque cuando se habla de las políticas activas de empleo se está hablando de 1.627 funcionarios, 90 oficinas y 240 millones de euros al año para los distintos programas que distribuye el Inem a los municipios, atendiendo al número de parados, al plan formativo y de prácticas que se presente y a su adaptación a la demandas de trabajo de la comarca. Para los ayuntamientos, por tanto, es una de las herramientas públicas de generación de renta más importantes.
Según datos elaborados por el PSOE a partir de informaciones sindicales, del Inem y del Congreso, el PP con el 19% de los municipios andaluces mantiene en 2002 el 30% de los programas de empleo, mientras el PSOE, al frente del 60% de los municipios ha bajado del 44% al 40%.
