Las cuentas públicas vascas amplían los medios para reforzar la política exterior

El proyecto presupuestario aprobado el viernes concede al Gobierno vasco autorizaciones de gasto por un importe de 6.185 millones de euros, un 4,6% más que en 2002, con una previsión de crecimiento del 2,2% del PIB y un déficit casi testimonial, de 237.040 euros.

Para el PP y el PSE, son la principal herramienta de Ibarretxe "hacia la soberanía". Estos partidos consideran excesivo el gasto en euskera, 34 millones de euros para euskaldunización en Educación, a lo que habría que sumar otras partidas dispersas por todo el Presupuesto; critican los cerca de 451.000 euros con los que se va a subvencionar a la Udalbiltza (asociación de electos municipales) de PNV y EA y, sobre todo, cuestionan el nuevo diseño de la Presidencia del Gobierno, que va a incorporar 19 cargos de libre designación. Una considerable ampliación de la plantilla, que pasa de 108 a 127 personas e incrementa el gasto de personal un 27%. Nueve de esos cargos servirán para reforzar la presencia internacional del Gobierno vasco. Ibarretxe va a abrir representaciones en Argentina, Chile, México, Venezuela y Madrid.

Es una de las grandes apuestas del lehendakari. Su departamento lo explica así: "El verdadero desafío de Euskadi es construir alianzas institucionales de empresas, de personas y grupos que permitan estructurar la política exterior como parte fundamental de una política global del Gobierno".

Otra de las críticas a las cuentas vascas es que, por vez primera, Ibarretxe ha contabilizado el gasto que hace su Gabinete en competencias no transferidas, que evalúa en 168 millones de euros. El documento fue lanzado en su día como un desafío a la Administración central, con la propuesta de que esa cifra se descontara del dinero que se paga anualmente al Estado por los servicios no transferidos (el cupo), pero finalmente se ha quedado en un documento político al margen de los Presupuestos. Se desglosa, por ejemplo, que Euskadi gasta 92 millones de euros en áreas de educación e investigación que siguen en manos del Estado, o 58,9 millones en formación ocupacional y otras competencias sin transferir.

Sin embargo, los presupuestos de Interior están prácticamente pactados con la oposición. El 16% de los 441 millones del departamento, es decir 70 millones, van a la protección de los amenazados por ETA. De esa cifra, unos 50 millones irán a pagar escoltas y el resto son complementos económicos para los 600 ertzainas que realizan protecciones personales.

El Observatorio de Derechos Humanos, iniciativa de Ibarretxe que ha sido acogida con recelo por la oposición y el Defensor del Pueblo vasco, se lleva 1,6 millones, y la oficina de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, 2,5 millones.

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