El número de inmigrantes expulsados se triplica por una aplicación más dura de la ley

El número de inmigrantes expulsados en Cataluña este año (810) casi se ha triplicado con relación al año anterior (254) a causa de una mayor dureza en la aplicación de la Ley de Extranjería. Ése es, al menos, el razonamiento que hacen los abogados, que este año han atendido, respecto a 2001, el doble de inmigrantes inmersos en procedimientos administrativos de expulsión en el área metropolitana de Barcelona. En lo que va de año, más de 33.000 personas intentaron entrar en Cataluña y se les impidió el paso en la frontera, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno en Cataluña considera que, más que endurecerse la aplicación de la Ley de Extranjería, lo que está ocurriendo es que se está aplicando realmente. El texto entró en vigor en enero de 2001, pero el reglamento que lo desarrollaba tardó otros seis meses en publicarse, lo que explica el incremento del número de expulsiones.

Unos 500 de estos 810 inmigrantes expulsados acumulan más de 3.000 delitos, aunque otros muchos han sido repatriados únicamente por no tener papeles. La inmensa mayoría de los expulsados (666) lo fueron en la provincia de Barcelona y el 90% de ellos por decisión administrativa.

Para que un inmigrante pueda ser expulsado es necesario que su país de origen lo reconozca y que exista un convenio de repatriación. Hace falta, además, que el juez lo autorice, lo que no siempre ocurre. Todo esto hace que los inmigrantes expulsados no sean más que una mínima parte de los que se encuentran sometidos a un procedimiento administrativo de expulsión.

Mercedes Martínez, coordinadora de la subcomisión de extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona, asegura que, al margen de un mayor endurecimiento en la aplicación de la ley, "cada año aumenta la entrada de personas en situación irregular y eso explica también que haya más procedimientos de expulsión".

Hasta mediados de diciembre los abogados habían realizado 5.727 asistencias jurídicas en Barcelona y su área metropolitana, mientras que en 2001 fueron 2.979 asistencias, el doble que en el año anterior. No obstante, las cifras de asistencias jurídicas de los abogados por procedimientos de expulsión no dejan de ser reducidas en comparación con el número total de inmigrantes que intentan llegar a Cataluña sin conseguirlo.

En este sentido, fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron también que este año más de 33.000 inmigrantes han sido rechazados cuando intentaban llegar a Cataluña por la frontera de La Jonquera, puertos o aeropuertos. Girona es, con diferencia, la provincia española en la que se produce más retorno de inmigrantes, por encima incluso de Ceuta.

Menos recursos

En cambio, las asistencias jurídicas a inmigrantes en los aeropuertos han disminuido en estos años, lo que es un indicativo, según los abogados, de que las personas que llegan a España cada vez tienen menos recursos. En el año 2000, el 69% de los casos atendidos por los abogados correspondieron a inmigrantes interceptados en el aeropuerto, al año siguiente la cifra se redujo hasta el 24% y este año ha quedado en el 10,9%.

Mercedes Martínez asegura que no siempre la policía informa a un inmigrante sin papeles de que tiene derecho a un abogado para defenderle en un proceso de expulsión. En ocasiones, agrega, ha ocurrido que cuando se le defiende en un proceso penal, el afectado descubre que había renunciado a un derecho simplemente por desconocimiento.

Los abogados lamentan también que en casi todos los casos los jueces decreten el internamiento de un inmigrante en el centro de La Verneda durante un máximo de 40 días, el límite que permite la ley, en vez de hacerlo por periodos más cortos y controlar más estrechamente las gestiones de la policía para intentar repatriarlo. Si a los 40 días no se le ha expulsado, el inmigrante queda en libertad, aunque el procedimiento sigue su curso administrativo. Eso sí, caduca a los seis meses.